El Gobierno cambia de estrategia: usa las tarifas para frenar la inflación tras liberar el cepo

Tras dejar atrás el ancla cambiaria, la gestión de Javier Milei apuesta al control de los precios regulados para evitar un salto inflacionario. Luz, gas, combustibles y prepagas, bajo vigilancia.

Con la salida del cepo y la implementación de un nuevo esquema de flotación cambiaria, el Gobierno nacional abandonó uno de sus principales instrumentos para contener la inflación: la devaluación controlada del 2% mensual. En su reemplazo, comenzó a intervenir sobre los precios regulados, especialmente las tarifas de servicios públicos, combustibles y cuotas de medicina prepaga.

El nuevo régimen cambiario, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), establece una banda de flotación del dólar entre los $1000 y $1400, con posibilidad de ampliar ese margen en el futuro. Esto significa que ya no habrá un ritmo fijo de depreciación, lo que elimina la previsibilidad que aportaba el ancla cambiaria. Ante este nuevo panorama, la administración de Javier Milei busca evitar una aceleración inflacionaria a través del control de precios claves.

Tarifas contenidas y postergaciones impositivas

En mayo, el Gobierno dispuso un aumento del 3% en las tarifas de luz y gas, muy por debajo del ritmo de inflación. Además, decidió postergar la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), medida que acompañó la baja del 4% en los precios de la nafta y el gasoil por parte de YPF. También congeló el boleto de colectivos en líneas nacionales y presiona a las prepagas para que moderen los aumentos.

"El Gobierno juega con el equilibrio entre la necesidad de reducir el déficit fiscal y el impacto que esos ajustes pueden tener en los precios", explicó Camilo Tiscornia, socio de C&T Asesores Económicos. "Hoy gran parte del costo del servicio ya lo pagan los consumidores, así que el Ejecutivo regula el ritmo de los aumentos para no afectar su estrategia inflacionaria", agregó.

Inflación en alza y respuestas heterodoxas

El índice de inflación de marzo fue del 3,7%, el más alto desde agosto del año pasado. La posibilidad de que la flotación del dólar se traduzca en nuevos aumentos encendió las alarmas en el equipo económico, que recurrió a un mix de medidas clásicas y otras más heterodoxas.

Desde la consultora Econviews destacaron que "el Gobierno está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su alcance para que la inflación siga bajando, incluso si eso implica ciertas contradicciones con su discurso original".

En esa línea, señalaron que se están empleando estrategias más activas para frenar las remarcaciones: "Aprender a flotar también implica aceptar que no se puede remarcar cada vez que el tipo de cambio sube o baja. Y eso se está intentando marcar con declaraciones públicas y advertencias desde redes sociales".

Para Melisa Sala, directora ejecutiva de LCG, estas decisiones podrían tener un efecto concreto en el corto plazo. "Estimamos que el conjunto de medidas restará cerca de 0,3 puntos porcentuales al dato de inflación de mayo, lo cual es significativo en el contexto actual", indicó.

Un objetivo político: llegar con inflación baja a 2025

Más allá del diagnóstico económico, el trasfondo de la nueva estrategia también tiene una lectura política. Con la vista puesta en las elecciones legislativas de 2025, el Gobierno apuesta a consolidar su imagen con una baja sostenida de la inflación. Si bien el rumbo fiscal continúa firme, el manejo de tarifas y precios regulados se convirtió en la nueva herramienta para contener las subas y sostener el poder adquisitivo de cara al próximo año.

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