Tras la clausura del INADI, el Gobierno tiene planes de eliminar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como parte de las medidas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei.

El Ejecutivo tiene la intención de reestructurar el INAI transfiriendo su estructura y dependencias al Ministerio de Justicia. En primera instancia, se buscaría eliminar su estatus de instituto para retirar su asignación presupuestaria actual, permitiendo posteriormente reducir su personal mediante una auditoría.

Los funcionarios del Gobierno, incluyendo a Federico Sturzenegger, el asesor presidencial Santiago Caputo, el vicejefe de Gabinete José Cochi Rolandi y el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo, están elaborando una lista de todos los organismos descentralizados que serán objeto de eliminación.

El INAI fue establecido en 1985 por la Ley de Asuntos Indígenas (23.302) con el objetivo de atender y apoyar a las comunidades indígenas del país, siendo reconocido con personalidad jurídica.

El Instituto, que inicialmente dependía del Ministerio del Interior y luego pasó a la órbita de Justicia, cuenta con diversas direcciones y áreas, incluyendo Tierras, Registro Nacional de Comunidades Indígenas, Desarrollo de Comunidades Indígenas, Afirmación de los Derechos Indígenas, Asuntos Jurídicos y Técnica Administrativa DTA.

Entre sus funciones se encuentra llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de tierras, educación, salud, así como gestionar la construcción de viviendas rurales y urbanas, entre otras actividades.

Con respecto al presupuesto asignado para el año 2024, el INAI dispone de $2357,35 millones, de los cuales ya se han gastado $205.260.000 en personal y $3.520.000 en servicios no personales.