A falta de la aprobación final del Presupuesto 2025 por parte del Congreso, el Gobierno ha decidido distribuir las partidas para el próximo año a través de la Decisión Administrativa 3/2025. Firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, la medida asigna un total de $171 billones, lo que representa un aumento real del 40,7% respecto al presupuesto anterior. A pesar de este incremento, el gasto primario, que excluye el servicio de la deuda, solo sube un 1,3% en términos reales.

Esta distribución busca asegurar la continuidad de los servicios esenciales de la Administración Nacional, mientras se ajustan los recursos a la realidad económica del país. Sin embargo, el fuerte aumento en el servicio de la deuda pública -que alcanzará los $60,7 billones- refleja el peso de los vencimientos.

Los sectores que ganan y pierden en el nuevo presupuesto

La asignación de recursos muestra claras diferencias entre los ministerios y áreas del Gobierno. Algunos sectores verán aumentos significativos en su financiamiento, mientras que otros enfrentarán recortes importantes.

Entre los beneficiados, el Ministerio de Salud lidera con un aumento del 196,1% en términos reales, lo que equivale a una suba nominal del 301%. Este incremento permitirá que el sector maneje un presupuesto de $6,16 billones, un respaldo importante para el área sanitaria. También se destacan el Ministerio de Justicia con un aumento del 156,3%, y la Presidencia de la Nación, que recibirá un 65,2% más en sus recursos.

Por otro lado, el ajuste se siente con fuerza en áreas clave como la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, que experimentan una baja del 44% en términos reales. El Poder Legislativo Nacional y el Ministerio de Economía e Infraestructura también sufrirán recortes significativos, con bajas del 23,4% y 20,4%, respectivamente.

Prórroga presupuestaria y control del gasto público

En medio de la incertidumbre económica, el Gobierno también prorrogó el Presupuesto 2023 para 2025, asegurando que los recursos y créditos presupuestarios actuales sigan vigentes. Las jurisdicciones deberán notificar cualquier modificación presupuestaria dentro de un plazo de 5 días hábiles, y la Oficina Nacional de Presupuesto tendrá un máximo de 8 días para aprobar o rechazar estos cambios. Las inversiones públicas también estarán bajo estricta supervisión, ya que ninguna obra podrá contratarse sin la calificación adecuada de la Dirección Nacional de Inversión Pública.