El Gobierno nacional publicó este jueves el DNU 366/2024, con el cual avanza en una profunda reforma migratoria. Firmado por Javier Milei y su gabinete, el decreto modifica varios artículos clave de la ley 25.871, estableciendo un nuevo marco para el ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros del país.

Uno de los cambios más sensibles es en el acceso a la salud pública: la atención gratuita estará limitada a situaciones de emergencia. El nuevo artículo 8 establece que, fuera de esos casos, los extranjeros sin residencia permanente deberán presentar un seguro de salud o abonar previamente por el servicio.

"En los establecimientos sanitarios del Estado nacional, solo se brindará atención médica habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio", especifica el texto.

Educación garantizada, pero con requisitos

En cuanto a la educación, el DNU garantiza el acceso de niños y adolescentes extranjeros a los niveles inicial, primario y secundario, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, las instituciones deberán orientar a las familias para que regularicen su estatus.

Además, el decreto crea una nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, que tendrá como objetivo atraer extranjeros con capacidad de inversión.

Nuevas causas de expulsión e inadmisión

El artículo 20 redefine las categorías migratorias y restringe la residencia precaria a un plazo de 90 días sin derecho a permanencia. También se amplían las causas para denegar el ingreso o expulsar a un extranjero. Entre ellas:

• Presentar documentos falsos o adulterados.

• Tener antecedentes penales, aunque no exista condena firme.

• Haber sido procesado o estar imputado por delitos.

• Ingresar por pasos no habilitados o evitar controles migratorios.

• Desnaturalizar el motivo de ingreso (por ejemplo, declarar turismo y trabajar).

• Participar en organizaciones vinculadas al terrorismo o crímenes de lesa humanidad.

El rechazo en frontera también será más estricto: se exigirá una declaración jurada detallada al ingresar, y la Dirección Nacional de Migraciones podrá negar el acceso si se detectan inconsistencias o situaciones de riesgo sanitario o de seguridad.

En estos casos, la prohibición de reingreso no podrá ser menor a cinco años.