El 8 de julio de 2011 fue la última vez que se vio con vida a María Cash. Desde entonces, su paradero es un misterio y su historia se convirtió en uno de los casos más conmocionantes del país. Ahora, a 13 años de aquel día, la familia de la diseñadora volvió a apuntar contra Héctor Romero, el camionero que fue la última persona que estuvo con ella.

En noviembre pasado, el caso dio un giro inesperado: Romero quedó detenido e imputado por homicidio calificado por alevosía, aunque luego fue beneficiado con prisión domiciliaria debido a su estado de salud y avanzada edad.

En un duro comunicado, los familiares denunciaron que "llama la atención que esté con prisión domiciliaria cuando ni siquiera se declara inocente" y alertaron sobre un entramado de encubrimiento que involucra a "personajes políticos importantes de General Güemes".

Según las investigaciones, Romero subió a María a su camión en la zona de General Güemes con intenciones sexuales. Ante la resistencia de la joven, la habría asesinado aprovechándose de su vulnerabilidad. Hasta el día de hoy, el cuerpo de María Cash no fue encontrado.

Encubrimiento y manipulación: el rol de políticos y abogados en la investigación

El comunicado de la familia también revela detalles alarmantes de la causa. Se citan escuchas telefónicas donde Miguel Segura, jefe de Romero y figura política local, menciona el "quilombo" generado por el accionar del chofer. Además, se señala que hubo falsos testimonios brindados por abogados reconocidos que desviaron la investigación durante años.

En su declaración indagatoria, Romero no aportó información relevante y alegó desconocer que había llevado a María Cash. Para los familiares, este comportamiento, sumado a las pruebas reunidas, refuerza la hipótesis de un encubrimiento deliberado para protegerlo.

Mientras tanto, la familia de María continúa exigiendo justicia y verdad, convencidos de que detrás del crimen hubo una red de complicidades que impidió que el caso se resolviera antes.