El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte de la jueza Loretta Preska en defensa de la Argentina en el marco del juicio por YPF. La presentación se opone al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes y advierte sobre el impacto que podría tener una decisión de ese tipo en las relaciones internacionales.

En el documento, de 29 páginas, el gobierno estadounidense señaló que los litigios contra Estados extranjeros en tribunales de ese país pueden tener consecuencias en la política exterior y afectar el trato recíproco que recibe el propio gobierno estadounidense ante los sistemas judiciales de otras naciones.

Advertencia sobre la reciprocidad judicial

El escrito también destaca los esfuerzos realizados por Argentina para cumplir con los requerimientos del proceso de discovery, destinado a obtener comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades estatales. Según la presentación, varios de esos pedidos resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que suelen aplicarse en litigios contra Estados soberanos.

Además, el documento sostiene que la solicitud de los demandantes para imponer sanciones de preclusión, inferencias adversas y multas económicas por desacato no se ajusta a los principios de reciprocidad internacional ni a la legislación estadounidense que regula los litigios contra Estados extranjeros.

Más de 115 mil páginas entregadas

En ese sentido, el Departamento de Justicia remarcó que durante más de dos años Argentina cumplió de buena fe con el proceso judicial, priorizando el respeto a las órdenes del tribunal. En ese período, se realizaron entregas periódicas de documentación que superaron las 115.000 páginas.

El informe también señala que, pese al amplio acceso a información proporcionado por el país, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respalde las acusaciones presentadas en el juicio.

El conflicto con el fondo Burford

La disputa judicial tiene como protagonistas a los beneficiarios del fallo liderados por el fondo de inversión Burford Capital. Los demandantes sostienen que Argentina incumplió con órdenes del tribunal en la etapa de intercambio de pruebas y solicitaron que se declare al país en desacato.

Entre las sanciones solicitadas figura una multa de un millón de dólares por día hasta que se entregue información adicional, incluyendo comunicaciones privadas de funcionarios como el ministro de Economía Luis Caputo y el exministro Sergio Massa.

Según los fondos demandantes, el objetivo es identificar activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares derivada del litigio por la estatización de YPF.