Silencios, sospechas y un veneno invisible que persiste. Desde hace más de una década, distintas voces de la política tucumana vienen exigiendo informes al Poder Ejecutivo sobre la eliminación progresiva de los Bifenilos Policlorados (PCB), una sustancia altamente tóxica utilizada en transformadores eléctricos, que ha sido prohibida a nivel mundial. 

Sin embargo, el Estado provincial ha respondido con evasivas o directamente con silencio, mientras crecen las denuncias por enfermedades oncológicas en zonas donde operan las empresas eléctricas EDET y TRANSNOA.

En 2006, la Legislatura tucumana sancionó la Ley Provincial 7621, que establece la eliminación total de aparatos con PCB antes del 31 de diciembre de ese año. Casi veinte años después, todavía no hay certezas sobre su cumplimiento.

Un veneno que sigue en las calles

El PCB es un contaminante orgánico persistente. Su uso fue prohibido por el Convenio de Estocolmo debido a su alta toxicidad, su persistencia en el ambiente, su capacidad de bioacumulación y su vinculación con enfermedades graves como el cáncer. En Tucumán, transformadores eléctricos instalados en zonas urbanas continúan siendo señalados como fuentes de riesgo para la salud.

 2009 - Silvia Elías de Pérez: pedido de informe ignorado

La entonces legisladora Silvia Elías de Pérez solicitó en 2009 un informe oficial detallado sobre el cumplimiento de la Ley 7621. Requirió datos precisos sobre el registro provincial de empresas con PCB, los controles realizados, las acciones de eliminación, y las sanciones impuestas a quienes no cumplieron.

Nunca se respondió. Fue el primer gran pedido institucional. El primero en ser ignorado.

2009 - Esteban Jerez: cáncer y transformadores en zonas vulnerables

Ese mismo año, el legislador Esteban Jerez fue más allá. Denunció una "concentración anormal de casos de cáncer" en zonas cercanas a transformadores eléctricos. No lo presentó como sospecha, sino como una certeza clínica y estadística.

Pidió saber si EDET había realizado tareas efectivas de erradicación, si aún existen transformadores con PCB, dónde están, y si existen causas judiciales abiertas. Recordó que las leyes nacionales 25.612, 25.670 y 25.675 prevén hasta 10 años de prisión por contaminación ambiental con residuos peligrosos.

"Es una obligación de los legisladores ejercer control sobre las empresas concesionarias. Más aún cuando está en juego la salud de la población", afirmó Jerez.

2009 - Sangenis: taller de EDET con PCB a metros de una escuela

También en 2009, el legislador Sangenis denunció la existencia de un taller de tratamiento de aceites con PCB de la empresa EDET en el barrio Los Chañaritos, en plena zona urbana de San Miguel de Tucumán, a pocos metros de una escuela de doble jornada y viviendas humildes.

Solicitó de manera urgente la documentación ambiental correspondiente: la resolución de aptitud ambiental, los estudios de impacto y las garantías ofrecidas por la empresa. Alertó sobre los efectos de estos contaminantes en comunidades de alta vulnerabilidad. Tampoco hubo respuesta.

La historia que explica el presente

Los tres pedidos legislativos fueron presentados en el mismo año: 2009. Todas advertencias formales, firmadas, registradas y fundamentadas. Todas ignoradas por los organismos de control. Hoy, en 2025, lo que ocurre en Diagonal Norte, Los Pocitos y otras zonas no debería sorprender a nadie.

Porque todo lo que hoy se denuncia ya había sido dicho.

El silencio como política, la impunidad como norma

Pese a la gravedad del tema y la contundencia de las leyes vigentes, el Estado nunca informó públicamente cuántos transformadores con PCB siguen activos, qué procesos de descontaminación se realizaron ni qué empresas incumplieron con la normativa. Mientras tanto, los transformadores siguen ahí: al lado de plazas, escuelas y casas.

EDET y TRANSNOA continúan operando como si nada. Las víctimas se siguen acumulando.

Y los archivos legislativos siguen gritando una verdad que nadie quiso escuchar.

¿QUIÉN CONTROLA? 

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), organismo clave en la supervisión de las empresas eléctricas, se ha mantenido mayormente al margen del debate público sobre la contaminación por PCB. No obstante, Ricardo Ascárate, actual interventor del ente, reconoció recientemente que los transformadores con esta sustancia "fueron reemplazados o descontaminados entre 2001 y 2008".

 Sin embargo, frente a denuncias actuales como la del caso de Mirta -una vecina afectada por un presunto foco contaminante-, Ascárate admitió que "hay situaciones que deben ser revisadas".  La frase evidencia una posible apertura institucional, aunque llega luego de años de silencio oficial y sin un plan de acción concreto a la vista.