Un análisis reciente pone bajo la lupa el peso económico de EDET en Tucumán y plantea una comparación directa con el propio Estado provincial.

Según estimaciones, la factura promedio del servicio eléctrico ronda entre 70 y 100 mil pesos bimestrales por usuario, lo que implicaría una recaudación anual de entre 210 mil y 300 mil millones de pesos considerando una base cercana a los 500 mil clientes.

Esa cifra adquiere otra dimensión al contrastarla con la recaudación tributaria de la provincia, que se ubicaría entre 600 mil y 700 mil millones de pesos al año. Bajo ese cálculo, la distribuidora eléctrica estaría facturando entre el 30% y el 50% de lo que el Estado tucumano obtiene por impuestos.

Un sistema de cobro sin margen de negociación

El foco del planteo está en la capacidad de cobro de la empresa, que, a diferencia del sistema tributario, no enfrenta evasión ni negociaciones. El argumento central es que el servicio se paga o se corta, lo que genera un mecanismo directo y compulsivo de recaudación.

En ese contexto, también se menciona que en ocasiones los operativos de corte de suministro pueden realizarse con presencia policial, lo que refuerza la idea de un poder de ejecución fuerte respaldado por el Estado.

La comparación apunta a remarcar la diferencia con el sistema impositivo, donde existen moratorias, planes de pago y procesos judiciales que dilatan la cobranza.

Costos, tercerización y reclamos por el servicio

Otro punto señalado es la estructura operativa de la compañía. Se destaca el uso de personal tercerizado, el traslado de ciertos costos al usuario como instalaciones domiciliarias y los reclamos frecuentes por la calidad del servicio.

A esto se suma que en los últimos tiempos la empresa dejó de enviar boletas físicas, lo que redujo gastos propios pero trasladó al cliente la responsabilidad de controlar vencimientos y montos a pagar.

El rol del ente regulador, también bajo cuestionamiento

El análisis también pone el foco en el funcionamiento del organismo de control, el ERSEPT. Se señala que el ente se financia con un porcentaje de la facturación del propio servicio que regula, lo que genera cuestionamientos sobre su independencia.

Desde esta perspectiva, el debate deja de ser solo técnico y pasa a un plano más amplio: el rol del Estado, la concesión del servicio y el impacto económico que tiene la empresa en la vida cotidiana de los usuarios tucumanos.

Fuente: quorumtuc.ar