El juez Eduardo González dictó prisión preventiva a otros dos policías en el marco de la investigación sobre el uso de presos para la construcción de la vivienda particular del ex titular de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán, quien ya se encuentra procesado.

La fiscala Mariana Rivadeneira confirmó que desde hace dos meses Beltrán habría utilizado a tres condenados por abuso sexual junto con dos efectivos de la fuerza para realizar trabajos de albañilería en terrenos que pertenecen a la Provincia, en la zona de El Cadillal.

Testimonios clave y pruebas contra otros oficiales

Los sargentos Trejo y Teseira, quienes también recibieron prisión preventiva, decidieron declarar en la causa por recomendación de su defensora Julieta Jorrat. Sus testimonios aportaron detalles sobre el mecanismo utilizado para trasladar a los presos y obligarlos a trabajar en beneficio de la plana mayor de la URN.

Gracias a estas declaraciones, la fiscala Rivadeneira reunió elementos para imputar a Colario Juárez, ex segundo jefe de la URN, dado de baja por decreto, por encubrimiento. Además, el suboficial Walter Frías fue acusado por encubrimiento y falsificación de instrumento público, ya que registró que los detenidos eran trasladados a la comisaría de Chuscha, cuando en realidad iban a la casa de Beltrán.

Sistema de explotación y posibles ampliaciones de la causa

Según informó José Lizárraga, auxiliar del Ministerio Público Fiscal, en la URN se había instalado un sistema estable y prolongado de utilización de presos para beneficio de los funcionarios policiales. Este mecanismo incluía tres elementos: alojamiento clandestino de los condenados en la URN, traslado en móviles policiales a domicilios particulares y falsificación de registros con silencio funcional del personal involucrado.

El funcionario adelantó que la acusación contra Juárez podría agravarse, ya que hay sospechas de que también habría usado detenidos en su propio domicilio. Con los nuevos procesamientos, se abre la puerta a que otros jefes de la URN sean imputados. La fiscala ya había iniciado investigaciones contra otros ocho funcionarios por presunta participación en el caso.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva por cuatro meses para los nuevos imputados, aunque los defensores Álvaro Zelarayán (Juárez) y Ernesto Baaclini (Frías) rechazaron el planteo. Finalmente, el juez decidió una medida cautelar de tres meses, autorizando que Frías cumpla la prisión preventiva en su domicilio.