Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se conoció un informe alarmante: las denuncias por barreras en el acceso al aborto legal se dispararon un 275% en el último año. Así lo reveló Amnistía Internacional, que advirtió que el recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei está desmantelando las políticas de salud sexual y reproductiva en todo el país.

Entre enero de 2024 y abril de 2025 se registraron 280 consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento vinculados a obstáculos para acceder a una interrupción legal del embarazo. Sólo en los primeros cuatro meses de este año se reportaron 160 casos, más del doble que durante todo 2024.

La directora ejecutiva de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, sostuvo que no se trata de situaciones aisladas: "Se repiten en distintas provincias y reflejan un abandono del rol del Estado en garantizar este derecho".

Falta de insumos, desinformación y discursos regresivos

El informe señala cinco barreras principales: escasez de medicamentos como misoprostol y mifepristona, desinformación sobre los derechos garantizados por ley, existencia de consejerías antiabortistas, demoras injustificadas en la atención y malos tratos en centros de salud.

Amnistía también denunció que el Gobierno nacional redujo en un 81% la distribución de anticonceptivos, preservativos y test de embarazo. Además, paralizó la compra de medicamentos esenciales y desmanteló el PLAN ENIA, un programa clave para prevenir embarazos no deseados en adolescentes.

La falta de información es otro factor determinante: el 33,67% de las personas que se contactaron con Amnistía en 2024 no sabían cómo ni dónde acceder al aborto legal. Y quienes intentaron comunicarse con la línea 0800 del Ministerio de Salud reportaron dificultades o información confusa.

Además, surgieron los llamados "centros de maternidades vulnerables", espacios que se presentan como lugares de apoyo pero en realidad buscan desalentar la práctica, muchas veces desde hospitales públicos.

"No es solo ajuste: es una ofensiva ideológica"

Para Belski, el desmantelamiento de las políticas públicas no responde únicamente a una lógica de recorte, sino a una ofensiva ideológica contra los derechos de género. "El Gobierno está impulsando un retroceso deliberado, bajo la excusa de ordenar el gasto", afirmó.

Las declaraciones del presidente Milei, quien definió al aborto como "asesinato agravado por el vínculo", refuerzan el estigma y generan miedo tanto en quienes necesitan acceder al derecho como en quienes deben garantizarlo.

Amnistía Internacional remarcó que la amenaza a los derechos sexuales y reproductivos se enmarca en una tendencia global, impulsada por sectores conservadores que buscan revertir avances logrados por los feminismos.