Más de 200 extrabajadores de la empresa de transporte eléctrico TRANSNOA habrían sido víctimas de una maniobra fraudulenta que les impidió cobrar durante años los dividendos correspondientes a sus acciones. Así lo denunció el abogado Juan Andrés Robles, quien representa a un grupo de afectados en una causa que ya fue presentada ante la justicia federal.

Según relató Robles, todo se remonta a la década de los 90, cuando muchos trabajadores que venían de Agua y Energía aceptaron integrarse a la privatizada TRANSNOA bajo la promesa de recibir el 10% de las acciones de la compañía, en forma de acciones clase C. El acuerdo, previsto por ley en el marco del proceso de privatización, garantizaba su participación como socios y el cobro de utilidades.

Sin embargo, ese derecho jamás se cumplió. "No se les pagó ni un solo peso en todos estos años", afirmó Robles, quien calcula que la deuda podría alcanzar varios millones de dólares.

El silencio como condición: "Quien reclamaba, perdía su trabajo"

Robles explicó que durante mucho tiempo los trabajadores no pudieron reclamar por miedo a represalias. "El que preguntaba algo, terminaba despedido. Por eso muchos recién pudieron iniciar acciones legales cuando se jubilaron", detalló el abogado.

El trasfondo sería un entramado entre directivos de la empresa, miembros del sindicato de Luz y Fuerza -conducido en ese entonces por el dirigente José Luna- y funcionarios nacionales encargados del control. El objetivo: dejar a los trabajadores fuera del reparto de utilidades, a pesar de que formalmente seguían siendo accionistas.

Un reclamo que apunta a la cúpula sindical y al fiduciario

Además del accionar empresarial, la denuncia también pone la lupa sobre el rol del sindicato, acusado de haber avalado o facilitado el vaciamiento de derechos. "Estamos pidiendo que se investigue quiénes fueron los responsables. Alguien tuvo que haber aceptado estas condiciones y permitido que esto pasara durante tanto tiempo", sostuvo Robles.

El abogado también mencionó que el banco fiduciario de las acciones -cuyo nombre aún no fue confirmado, aunque podría tratarse del Banco Nación o el Banco Macro- habría ofrecido propuestas económicas a algunos trabajadores para saldar la deuda, aunque estas no contemplaban la totalidad de los períodos adeudados.

A pesar del paso del tiempo, las acciones siguen existiendo y representan el 10% de una empresa que creció y se capitalizó durante décadas. "El perjuicio es enorme. Es hora de que la justicia actúe y que los trabajadores recuperen lo que les corresponde", concluyó Robles.