A más de cinco años del femicidio de Paola Estefanía Tacacho, ocurrido el 30 de octubre de 2020 en San Miguel de Tucumán, la madre de la víctima, Mariela Fernanda Tacacho, continúa a la espera que se haga efectivo el pago de la indemnización ordenada por la Justicia. Pese a que existe una resolución de fondo dictada el 9 de septiembre de este año, el Gobierno de la Provincia de Tucumán y el ex juez Juan Francisco Pisa avanzaron con una apelación que, según la querella, solo busca dilatar el cumplimiento de la condena.

Desde el 26 de noviembre el expediente está en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El 11 de diciembre último "pasó para estudio". Esto significa que uno de los vocales de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte, integrada por Daniel Leiva, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos analizará las presentaciones y circulará su decisión entre los otros despachos hasta llegar a una sentencia final.

En su fallo de septiembre, el tribunal había resuelto hacer lugar a la demanda y condenó a la Provincia y a Pisa a resarcir a la familia por los daños derivados del femicidio, fijando una indemnización total de $36.424.858,93 más intereses. La sentencia estableció que el Estado provincial debe responder por el 100% del monto frente a la víctima, mientras que Pisa es responsable de manera concurrente por el 10% de la indemnización, es decir, alrededor de 3,6 millones de pesos.

Los argumentos para rechazar la apelación

El abogado de la familia, Roberto Tejerizo, solicitó que la apelación presentada tanto por la Provincia como por el ex magistrado no sea concedida, al considerar que carece de fundamentos jurídicos sólidos y que su único efecto es prolongar el sufrimiento de la madre de Paola.

Entre los principales argumentos, Tejerizo sostuvo que la sentencia se encuentra debidamente fundada, que analiza de manera exhaustiva la responsabilidad estatal y la conducta del entonces juez Pisa, y que no existe arbitrariedad ni gravedad institucional que justifique revisar el fallo.

Además, remarcó que en casos de violencia de género y femicidio, el Estado tiene una obligación reforzada de reparación, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Otro punto central planteado por la querella es la situación de la prescripción. Según advirtió Tejerizo, continuar estirando el proceso mediante recursos improcedentes no solo vulnera el derecho de la víctima a una reparación en plazo razonable, sino que también abre el riesgo de maniobras dilatorias incompatibles con la gravedad del caso y con el tiempo ya transcurrido desde el crimen.

¿Qué representan los 3,6 millones que debe pagar Pisa?

El monto que le corresponde abonar al ex juez Juan Francisco Pisa son unos 3,6 millones de pesos. Se trata de una suma que, en términos cotidianos, equivale hoy al valor de una carpa en Punta Mogotes, Mar del Plata, durante la temporada de verano. O unos siete meses de alquiler de un departamento chico en barrio sur de Tucumán. También equivale al 30 por ciento del salario aproximado de un juez en actividad.

Para la madre de Paola, en cambio, representa apenas una parte mínima de una reparación que nunca podrá compensar la pérdida, pero que al menos reconoce la responsabilidad institucional en un femicidio que pudo haberse evitado.

Una deuda que no es solo económica

El fallo dejó en claro que el Estado tucumano falló en su deber de protección y que existieron omisiones graves que derivaron en un desenlace fatal. En ese contexto, la insistencia en apelar aparece, para la familia y sus abogados, como una señal política y judicial preocupante: se discute el dinero, pero se posterga la justicia.

Mientras el expediente sigue su curso, Mariela Tacacho continúa esperando que una sentencia dictada hace meses se cumpla sin más dilaciones. No se trata solo de una indemnización económica, sino de un mensaje institucional claro: que el femicidio de Paola Tacacho no quede atrapado en los pliegues de la burocracia judicial ni en estrategias defensivas que prolongan la impunidad simbólica.