Lo que pasó frente a la sucursal del Banco Patagonia en Concepción no puede ni debe leerse como un hecho aislado, como un simple "exceso policial". Es una fotografía brutal de un sistema institucional que mira hacia otro lado.

Cuando una protesta pacífica -convocada por trabajadores que denunciaron maltrato, hostigamiento y amenazas en su lugar de trabajo- termina en empujones, palazos, balas de goma y rasgos de militarización de lo cotidiano, no estamos ante un "error operativo": estamos ante una decisión política.

Los damnificados no eran vándalos, no eran barras ni delincuentes. Eran empleados bancarios que reclamaban dignidad laboral. En sus reclamos denunciaron a su propia gerencia -la señora María José Mansilla- por persecución, amenazas, acoso psicológico, degradación constante, miedo disfrazado de orden.

Y entonces, en lugar de investigar, sancionar o al menos escuchar, decidieron: represión. Porque la represión es el lenguaje que entienden quienes temen al reclamo, al grito colectivo, a la democracia real. Porque conviene -a algunos intereses- que no se hable de condiciones laborales, de derechos vulnerados, de abusos de poder.

Maltrato laboral en Banco Patagonia: acusan a una gerenta por hostigamiento

Entonces surge la gran pregunta: ¿dónde está la responsabilidad del aparato estatal? ¿Del gobierno municipal? ¿Del gobierno provincial? ¿Del poder político que "supervisa" a las fuerzas de seguridad? ¿De la justicia, que debe garantizar derechos antes que reprimirlos? No hay respuestas. Al menos no públicas. No hay culpables anunciados, no hay promesas creíbles de sanción, reparación o investigación. Estamos ante un pacto tácito de impunidad. Ante la resignación de siempre: se reprime hoy, se olvida mañana, se barre bajo la alfombra.

Lo peor de todo: quienes deberían cuidar los derechos, terminan siendo partícipes de su quiebre. Porque si hablar, protestar, exigir justicia salarial o laboral te expone a palazos, la protesta deja de ser un derecho y se convierte en un riesgo existencial. Y eso no puede normalizarse.

Si un argumento -el miedo- basta para callar a quienes defienden su dignidad, entonces este régimen de impunidad tiene asegurada su continuidad. Y los responsables pueden seguir durmiendo sin culpa. Porque la culpa ya pesa sobre quienes permitieron que esto ocurriera.

Falta de respuestas oficiales: exigen investigación y fin de la impunidad institucional

Exijo, desde estas líneas, memoria pública.

Que los gobiernos provincial y municipal no desvíen la mirada.

No más excusas. No más represión institucional. No más impunidad.