En el marco del histórico juicio por el default de la deuda argentina en 2001, un grupo de fondos buitre que ganó una sentencia por US$475 millones le reclamó a la jueza estadounidense Loretta Preska la posibilidad de cobrar parte del fallo con acciones de YPF, al igual que se dispuso con otros acreedores como Burford Capital y Eton Park.

Los holdouts -entre ellos Attestor Master- ya habían incautado en marzo Bonos Brady por US$209 millones, como parte de pago. Ahora buscan que la magistrada les permita acceder a acciones de la petrolera estatal, argumentando que su fallo es anterior al de otros beneficiarios y, por lo tanto, deberían tener prioridad en un eventual reparto accionario.

La estrategia de los fondos y la presión judicial sobre la Argentina

Este nuevo pedido judicial se da tras los recientes fallos de Preska que ordenaron a la Argentina entregar acciones de YPF para saldar otras deudas, como la del caso Bainbridge, que recibió un fallo a favor por US$95 millones.

Según Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, "esto puede abrir la puerta a que más acreedores busquen cobrar sus sentencias con una parte de YPF", lo que generaría nuevas presiones financieras sobre el Estado argentino.

El reclamo actual se originó con demandas de bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016. Estos litigios continúan su curso en tribunales de Nueva York, Londres y en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Juicios millonarios contra la Argentina: el riesgo total supera los US$32.000 millones

El caso por la expropiación de YPF no es el único frente judicial abierto para la Argentina. Según cálculos de Latam Advisors, el país enfrenta juicios por más de US$32.000 millones, de los cuales US$21.000 millones son apelables y ejecutables.

Entre los principales frentes judiciales están:

• US$2400 millones en litigios activos en el CIADI

• US$1800 millones por bonos en default

• US$9278 millones por causas vinculadas al cupón PBI y la manipulación de estadísticas públicas

Ante este panorama, el Gobierno nacional solicitó a Preska suspender la entrega de acciones de YPF, alegando que cumplir con la orden generaría un "daño irreparable" para el país. Aún no hay respuesta de la jueza, aunque los demandantes ya anunciaron que responderán formalmente el lunes 7 de julio.