Los reclamos contra la gestión del servicio de justicia resonaron con fuerza en la Legislatura tucumana, durante el tratamiento de la extensión del régimen conclusional por tres años más. La información fue reportada por Martín Soto para el diario La Gaceta.

El foco de las críticas se centró en el Ministerio Público Fiscal (MPF), ya que actualmente existen más de 14.000 expedientes pendientes del antiguo Código Procesal Penal (CPP), de los cuales 3.398 son considerados de máxima gravedad.

Entre los procesos que aguardan una resolución definitiva desde hace décadas se encuentran 14 homicidios, incluido el de Paulina Lebbos. Además, la lista incluye 183 causas por delitos contra la integridad sexual, 40 expedientes de personas privadas de la libertad y 1.502 robos con armas.

La normativa vigente establecía que el Período de Resolución de Causas Pendientes concluiría el 1 de septiembre de 2026. Sin embargo, el cuerpo legislativo aprobó extender este plazo hasta el 1 de septiembre de 2029. El legislador Carlos Najar fundamentó el pedido de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), argumentando que todavía persiste un volumen crítico de causas sin sentencia.

Debate por las vacantes y jueces subrogantes

El parlamentario Agustín Romano Norri manifestó su preocupación por la posible impunidad de los delitos y advirtió sobre la situación de los jueces subrogantes. Según el radical, la prórroga extiende indirectamente la actuación de magistrados designados de forma poco clara por el Poder Ejecutivo. Instó al gobernador Osvaldo Jaldo a cubrir las casi 60 ternas de jueces disponibles para garantizar la independencia del sistema judicial.

Por su parte, la legisladora Silvia Elías de Pérez remarcó que una justicia lenta no puede considerarse justicia y apuntó contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez, pidiéndole que deje de lado la política para enfocarse en finalizar estos expedientes. En la misma línea, Hugo Ledesma se abstuvo en la votación y responsabilizó al MPF por los retrasos y el nombramiento discrecional de fiscales auxiliares.

Falta de controles y "arqueología penal"

El legislador Walter Berarducci fue el único que votó en contra de la medida. Criticó la extensión sin contar con los informes semestrales de avance que exige la ley y cuestionó las facultades otorgadas al presidente de la Corte, Daniel Leiva, para redistribuir causas, advirtiendo que esto podría rozar la inconstitucionalidad.

Desde la bancada oficialista, Gerónimo Vargas Aignasse calificó al sistema antiguo como un fracaso rotundo. Definió la tarea de los jueces actuales como una "arqueología penal" en miles de legajos con protagonistas ya fallecidos. Sin embargo, sostuvo que la prórroga es vital para que víctimas como Alberto Lebbos puedan finalmente acceder a un juicio justo.