Crímenes de odio: preocuparse para ocuparse

El asesinato de tres mujeres en Barracas puso a los crímenes de odio del país bajo la lupa. Tras ser asesinadas por un hombre de 62 años, distintas agrupaciones feministas y LGBT se manifestaron para exigir que el delito sea investigado como un crimen de odio. "Las mataron por ser lesbianas", es la forma de sintetizar la denuncia del colectivo.

Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron asesinadas por una molotov que fue arrojada al interior de una habitación del primer piso de un hotel ubicado en el barrio Barracas. Las tres mujeres quedaron internadas luego de sufrir graves quemaduras en su cuerpo. Primero murió Pamela. Luego falleció Roxana con más del 90% de su cuerpo quemado. Finalmente, el domingo pasado murió Andrea.

El agresor, identificado como Justo Barrientos, las habría matado por ser lesbianas. La afirmación, sostenida por las agrupaciones LGBT, se desprende de un testimonio recolectado por la Agencia Presentes. "Él ya las había amenazado una vez. Fue en la última Navidad. Les dijo que las iba a matar a las dos y mirá lo que pasó ahora. Él les decía ‘engendros' por su condición sexual. Les decía ‘tortas', ‘gorda sucia'", declaró un hombre del lugar.

Crimen de odio: un término con sustento legal

Es debido a este testimonio y a la orientación sexual de las mujeres asesinadas es que las agrupaciones exigen que la causa sea investigada como un crimen de odio. El agravante está establecido en el artículo 80 del Código Penal, donde se establece que serán recluidos con prisión perpetua quienes cometan un asesinato por "placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión".

El término "crimen de odio" nació en Estados Unidos, en 1985, vinculado a cuestiones raciales y étnicas. Fue utilizado mediáticamente y decantó al ámbito académico. Más tarde, comenzó a plasmarse en la ley.

Aun así, esta figura tiene variaciones importantes entre distintos países. Según señala el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT, hay cerca de 25 países que introdujeron el odio, prejuicio o rechazo a la identidad sexual o el género como agravantes de ciertos delitos. En el caso de Argentina, este agravante fue incorporado a través de la Ley 26.791.

Puntualmente, un crimen de odio es considerado como tal cuando se vulneran los derechos de una persona perteneciente a un grupo históricamente vulnerado y/o discriminado. El motivo que impulsa al agresor o a los agresores es el odio, el prejuicio, el rechazo o la discriminación. En el caso de las agresiones al colectivo LGBT, esta discriminación está dirigida a la orientación sexual, el género o la identidad de las víctimas.

Aun así, el crimen todavía no fue caratulado formalmente como un homicidio con el agravante establecido en el artículo 80 del Código Penal. Es, justamente, esta carátula que reclaman las agrupaciones LGBT.

Contexto de ajuste y discriminación

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en 2023 se registraron 133 crímenes de este tipo. En el 84% de los casos, las víctimas fueron mujeres trans. Este colectivo es uno de los más vulnerados en la actualidad: su esperanza de vida se encuentra entre los 35 y los 40 años, dependiendo del estudio que se considere.

Además, el 69% de los casos corresponde a lesiones que atentaron contra la vida de las víctimas, ya sea por una agresión específica o por condiciones de violencia estructural. 

Estas estadísticas que tomaron forma y se materializaron en el crimen de Barracas se dan en un contexto de menor presencia estatal en la problemática.  El mismo informe apunta que el 60% de los casos del año pasado posee como autor al Estado, ya sea por acción u omisión de sus instituciones, dependencias y/o agentes. 

 Sin ir más lejos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado por el tema evitó calificar el triple asesinato como un crimen de odio. "No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo. Está mal, es terrible y es repudiable sea contra quien sea", afirmó.

La gran pregunta que ronda respecto a la gestión actual es: ¿cómo se va a resolver este problema, si ni siquiera se lo reconoce como tal?