El proceso de extradición del empresario argentino Federico "Fred" Machado quedó confirmado tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos. El fallo del máximo tribunal ratificó la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén y dejó en manos del Poder Ejecutivo la decisión final sobre su entrega.

Machado enfrenta en el Distrito Este de Texas una acusación por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. Según el expediente remitido por la justicia estadounidense, sobre él pesan cinco cargos principales: integrar una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de al menos cinco kilogramos de cocaína, fabricar e importar esa sustancia de forma ilegal a Estados Unidos, y participar en operaciones de lavado de dinero y fraude electrónico.

Durante el proceso, la defensa de Machado, representada por los abogados Norberto F. Oneto y Roberto Rallin, planteó múltiples objeciones. Entre ellas, la ausencia de "doble incriminación", la supuesta parcialidad del juez federal interviniente y la violación del principio de igualdad de armas, por la participación de tres representantes del Ministerio Público Fiscal frente a dos defensores. También cuestionó la constitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767 -que regula los alcances del juicio de extradición- y la aplicación del principio de "ne bis in idem".

En el expediente se menciona además el vínculo económico entre Machado y el diputado liberal José Luis Espert, quien renunció recientemente a su candidatura por La Libertad Avanza tras la difusión de estos lazos. Según la investigación, Espert habría recibido una transferencia de alrededor de 200.000 dólares en concepto de asesoría para un proyecto minero en Guatemala, además de unos 30 vuelos privados financiados por Machado durante su campaña presidencial de 2019, valuados en unos 350.000 dólares.

El proyecto de resolución de la Procuración General -firmado por todos sus integrantes- consideró que el pedido de extradición estadounidense se ajusta a los tratados internacionales de cooperación judicial. Con esta decisión, la Corte Suprema remitirá ahora el expediente a la Cancillería para que el Poder Ejecutivo defina, en un plazo de diez días hábiles, si concede o no la extradición.

Según la ley 24.767, el Ejecutivo puede rechazar el pedido por "razones de soberanía nacional, seguridad u orden público", o por otros intereses esenciales para la Argentina que tornen inconveniente el cumplimiento del requerimiento. Hasta tanto se defina su futuro, Machado continuará bajo prisión domiciliaria en el país.