Un giro histórico contra la violencia institucional en Tucumán

En una decisión que marca un precedente en la lucha contra la violencia institucional, la jueza María Jimena Suárez revocó el fallo que había absuelto a dos efectivos policiales por un cruento operativo ocurrido en agosto de 2024. Durante aquel procedimiento, Javier Nicolás Medina Quintana disparó su escopeta antitumultos hacia el suelo a tan solo dos metros de distancia, y el violento rebote de las postas de goma desfiguró el rostro de Franco Exequiel Almirón, provocándole la pérdida definitiva de un ojo. En primera instancia, los uniformados habían sido declarados inocentes bajo la figura de legítima defensa, pero el Tribunal de Impugnación desestimó esta versión tras analizar minuciosamente las pruebas balísticas y los testimonios de los presentes.

De la falsa legítima defensa a la prisión efectiva

La magistrada concluyó que no existió una agresión inminente que justificara semejante accionar armado, descartando por completo la teoría de que los oficiales habían sido atacados con un machete o apedreados por una multitud. Por este motivo, Javier Nicolás Medina Quintana fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y a cuatro años de inhabilitación especial por el delito de lesiones culposas. El fallo determinó que el oficial actuó de manera desmedida y negligente, basándose en una creencia errónea de peligro y omitiendo utilizar métodos disuasorios menos lesivos, como disparar al aire.

El encubrimiento policial posterior al ataque también fue penado por la Justicia, ya que los uniformados abandonaron rápidamente la escena sin brindar ningún tipo de asistencia a la víctima, quien sangraba profusamente a la vista de todos. En este sentido, el oficial Héctor Luis Lobo recibió una condena de un año de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación por el delito de encubrimiento agravado, dado que huyó conduciendo la motocicleta junto a su compañero y ocultó a sus superiores el grave resultado del procedimiento.

El Estado deberá pagar una indemnización y capacitar a sus fuerzas

Además de las históricas condenas penales, la Justicia determinó una fuerte sanción económica por el daño irreparable y la incapacidad laboral causados al joven. El Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y el tirador deberán pagar de forma solidaria casi 8 millones de pesos a Franco Exequiel Almirón en concepto de daño moral. La resolución judicial subraya que el Estado es responsable directo por los actos irregulares de sus funcionarios públicos en ejercicio y por haber provisto el arma utilizada en este hecho de violencia desproporcionada.

Para evitar que este tipo de tragedias en los barrios tucumanos se repitan, la jueza María Jimena Suárez emitió una severa directiva institucional. Se ordenó al Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo Provincial que profundice de manera urgente la capacitación de sus agentes policiales en el uso legítimo y racional de la fuerza, exigiendo un estricto apego a los protocolos en el manejo de armas letales y menos letales para proteger verdaderamente a la ciudadanía.