Este miércoles 11 de junio, la habitual movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación podría adquirir un carácter inédito. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, organizaciones sociales, sindicales y políticas se sumarán a la protesta con un fuerte rechazo al fallo y al ajuste económico.

La convocatoria, nacida desde los jubilados autoconvocados, se fortaleció en las últimas semanas por múltiples reclamos: la eliminación de la moratoria previsional, el recorte de medicamentos del PAMI, el veto presidencial al aumento de haberes y el conflicto salarial en el Hospital Garrahan. La decisión judicial actuó como catalizador, convirtiendo la protesta en una manifestación multisectorial con fuerte carga política.

Gremios, movimientos sociales y referentes del peronismo

La marcha se desarrollará desde las 15 en la Plaza de los Dos Congresos, con columnas que ocuparán las avenidas Rivadavia, Callao y Entre Ríos. Participarán gremios como la UTEP y la CTA, organizaciones como el Movimiento Evita, colectivos feministas y de discapacidad, docentes universitarios, organismos de derechos humanos y dirigentes kirchneristas. Entre ellos, se espera la presencia de Axel Kicillof, Carlos Heller, Oscar Parrilli y Sergio Palazzo.

La consigna central será el repudio al "ajuste económico" y la "proscripción política" contra Cristina Kirchner, junto con la defensa de la democracia. En las últimas horas, figuras como Juan Grabois y Ofelia Fernández denunciaron un "golpe judicial" tras la decisión de la Corte.

Tensión creciente y operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad desplegará un fuerte operativo con vallados reforzados, similar al implementado en otras protestas recientes. Desde las organizaciones sociales alertaron sobre posibles represiones como las ocurridas semanas atrás, donde hubo heridos y detenciones por aplicación del protocolo antipiquetes.

El contexto social también agita la protesta. Los jubilados denuncian pérdida del poder adquisitivo, subas en alimentos y medicamentos, y el vaciamiento del sistema previsional. La Cámara de Diputados acaba de enviar al Senado proyectos clave como la extensión de la moratoria y la declaración de emergencia en discapacidad, iniciativas que el Gobierno ya anticipó que vetará por su "impacto fiscal".