La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) salió al cruce del Gobierno tras el anuncio de un incremento del 7,5% para docentes y no docentes universitarios, y confirmó que el paro vigente continuará hasta este viernes.

Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, explicó que lo comunicado por la administración libertaria no constituye un aumento: "Se trata del acuerdo firmado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que contempla 1,3% para junio, 1,3% para julio y 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación. El retroactivo de agosto surge porque no se pagaron los meses anteriores".

El dirigente agregó que la única novedad es un bono único: "25 mil pesos para quienes cubren 40 horas en la universidad, proporcional para 20 horas ($12.500) y 10 horas ($6.250). Ningún aumento real", señaló. De Feo remarcó que esta medida "no resuelve la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional" y que se mantendrán las medidas de fuerza, incluyendo la tercera Marcha Federal Universitaria prevista para fines de agosto.

Paro universitario y contexto legislativo

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU había resuelto paros rotativos y una semana completa de paro hasta el 15 de agosto, en un contexto de negociación por mejoras salariales y presupuestarias.

El anuncio del Gobierno se produjo pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara con media sanción el proyecto de ley de financiamiento universitario, que establece la reapertura de paritarias, fondos para el funcionamiento de universidades, hospitales y laboratorios, y un fondo de $10.000 millones para carreras estratégicas, actualizado por IPC. Ahora, el proyecto debe ser tratado por el Senado, donde la oposición podría convertirlo en ley pese a los rechazos del presidente Javier Milei a nuevas partidas presupuestarias.

Mientras el Gobierno busca mostrar avances en la política universitaria, la CONADU insiste en que las medidas anunciadas replican acuerdos anteriores y no representan un incremento real de los salarios, dejando en evidencia la tensión entre la administración central y los docentes universitarios.