La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en los tribunales de Comodoro Py, prevista para el 11 de agosto, fue aplazada por tres meses. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia de la Nación, que atribuyó la decisión a "reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal" respecto a dificultades operativas para afrontar investigaciones complejas bajo el nuevo esquema.

Con este modelo, que ya funciona en otras jurisdicciones del país, los fiscales asumen un rol protagónico en la investigación penal, mientras que los jueces actúan como garantes del proceso.

Justicia más ágil, pero aún sin condiciones en CABA

Desde la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona aseguraron que el Gobierno sigue comprometido con una transformación que consideran "irreversible". "La Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas", expresaron en un comunicado oficial.

Además, señalaron que el Ministerio ha ofrecido asistencia técnica, financiera e institucional para avanzar con la reforma, pese a años de postergación y falta de inversión. Aun así, reconocieron que en la Ciudad de Buenos Aires no se dan por el momento las condiciones mínimas para implementar el sistema acusatorio.

Un modelo que ya funciona en otras ciudades

El nuevo esquema procesal, que promete acortar los tiempos de los juicios y fortalecer la política criminal del Estado, ya se aplica en jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia. Según el Gobierno, allí la implementación fue posible gracias a una mayor coordinación entre los poderes del Estado.

En cambio, en Comodoro Py -epicentro del fuero federal porteño- persisten déficits edilicios y tecnológicos, y resistencias internas que demoraron la llegada del nuevo sistema. Por eso, el Ejecutivo resolvió aplazar su implementación por un plazo excepcional e improrrogable de 90 días.