El 8 de diciembre de 2013 miembros de la policía comenzaron con una huelga por un reclamo salarial que se prolongó a lo largo de tres días. Durante ese tiempo, delincuentes comenzaron a saquear lo que encontraban en su camino. Los vecinos, por su parte, colocaban barreras para protegerse de los vándalos. 

Después de seis meses de investigación, con testimonios de integrantes de la fuerza, informes de la Policía y registros fílmicos, fundamentalmente, los fiscales a cargo de la causa determinaron los roles y las acusaciones que hicieron en contra de más de 40 personas. Dividieron los cargos en tres grandes grupos:

1- Individualizaron e imputaron a los cabecillas de la huelga y los acusaron básicamente de haber liberado a la provincia para que terceros cometieran diferentes ilícitos como forma de presión para que el Gobierno les concediera los pedidos que habían realizado. También sostuvieron que impidieron bajo amenazas que sus compañeros se incorporen al servicio. (Los nombres se informan por separado).

2- También identificaron a un importante grupo que participó en la huelga, que no se presentó a cumplir servicios y amenazó a los que sí querían hacerlo.

3- El único funcionario acusado fue el jefe de Policía, Jorge Racedo. Le endilgaron no haber tomado las medidas necesarias para desactivar la huelga ni dispuesto las acciones correspondientes para detener a los revoltosos.

Hoy, diez años después, comienza el juicio contra los policías que fueron a la huelga en 2013. El fiscal Diego López Ávila, quien conjuntamente con Adriana Giannoni se hicieron cargo de la investigación de la sedición policial que generó los saqueos de diciembre de 2013, afirmó que "hay sobrada evidencia para que el caso llegue a una condena".

Se estima que este será el debate más importante de todos los que se hayan realizado en la provincia, sin considerar los de lesa humanidad que se desarrollaron por la Justicia Federal.