Hoy inició la audiencia de imputación contra los exjefes de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez. Ambos están acusados de haber empleado a detenidos y agentes de la fuerza en tareas privadas, en el marco de una causa por presunta corrupción policial.

La medida judicial surge a raíz de la grave denuncia sobre el uso indebido de recursos humanos del Estado para trabajos en la vivienda particular de Beltrán, ubicada en El Cadillal.

La fiscal Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Gustavo Beltrán el día martes, luego de comprobarse que, junto con personal de la URN, había utilizado presos para realizar tareas de albañilería en su propiedad.

Funcionarios de la Fiscalía de Estado, liderados por Gilda Pedicone de Valls, constataron la presencia de dos detenidos y un policía realizando trabajos de construcción, lo que dio impulso a la intervención judicial.

Tras conocerse el hecho, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó al gobernador Osvaldo Jaldo, quien dispuso la inmediata acción de la Justicia y la separación preventiva de los implicados.

Beltrán fue trasladado al Departamento D1 (Personal) por orden del jefe de Policía, Joaquín Girvau, hasta que la fiscal concretó la aprehensión e imputación de manera oficial.