Claudio "Chiqui" Tapia se presentó como damnificado en una causa judicial que investiga presuntas maniobras de extorsión relacionadas con el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La presentación fue realizada ante el Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro y la UFI N°3, en el marco de una investigación que ya se encontraba en trámite.

Según el escrito judicial, el presidente de la AFA sostuvo que fue víctima de presiones indebidas luego de rechazar un pedido vinculado a la colocación y renovación de cámaras de control de tránsito.

El conflicto por las cámaras de tránsito

De acuerdo con la denuncia, el conflicto se originó a partir de una solicitud para autorizar la instalación de cámaras en rutas, accesos y predios bajo la órbita de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que Tapia también preside.

El requerimiento habría sido impulsado por el empresario Leandro Camani, vinculado al sistema de fotomultas. Tras la negativa, Tapia afirmó que comenzaron a producirse mensajes intimidatorios, en los que se le advertía sobre la posible presentación de denuncias penales si no se habilitaba el negocio.

Testigos y supuestas amenazas

En su presentación, Tapia aseguró contar con testigos directos de las distintas instancias del conflicto -el pedido, el rechazo y las amenazas-. Según indicó, estas personas solicitaron declarar bajo reserva de identidad por temor a represalias.

Además, el titular de la AFA señaló que días después de las advertencias se presentó efectivamente una denuncia judicial en su contra, que interpretó como parte de una estrategia de presión previamente anunciada.

Investigación en curso

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia analiza distintas medidas probatorias. Entre ellas, se evalúan allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y peritajes informáticos, con el objetivo de determinar si existió una maniobra extorsiva organizada y quiénes habrían participado de ella.

Por el momento, no se adoptaron resoluciones de fondo y el expediente sigue su curso en el ámbito judicial bonaerense.