La intendenta Rossana Chahla denunció penalmente a su antecesor, Germán Alfaro, por un presunto fraude financiero que involucra $500 millones de fondos provinciales. La acusación fue formalizada por la Fiscalía municipal en noviembre de 2024, luego de que el Ministerio de Economía de la Provincia notificara una deuda de esa magnitud entre la Capital y la administración central.

Según la denuncia presentada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira, se detectó que la mitad de esos fondos fue depositada en una cuenta bancaria no registrada en los sistemas contables oficiales del municipio. Esa cuenta, abierta en el Banco Macro a nombre de la Municipalidad, habría sido manejada fuera de los canales institucionales y fue cerrada a fines de 2024 tras ser "vaciada".

Transferencias bajo la lupa y sin aval legislativo

El préstamo de $500 millones se habría realizado mediante decretos firmados por el exgobernador Juan Manzur en 2020. En los registros municipales actuales solo figuran $250 millones ingresados legalmente. La otra mitad, según la denuncia, habría sido desviada a una cuenta paralela habilitada por orden directa del entonces intendente Alfaro, con firmas autorizadas de los exfuncionarios Luis Ocaranza y Carlos Gómez.

Además, la investigación advierte que el empréstito nunca fue autorizado por el Concejo Deliberante, lo que le resta validez institucional al procedimiento y plantea una posible violación a la normativa vigente.

La causa judicial y el impacto en las finanzas municipales

El caso se debatió recientemente en una reunión entre los gabinetes provincial y municipal, encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Chahla. Allí se explicó que la Provincia comenzó a descontar automáticamente la deuda desde la coparticipación, lo que afecta directamente las cuentas del municipio.

El expediente judicial ya está en manos del fiscal regional Fernando Blanno y, ante la falta de avances, el municipio evalúa constituirse como querellante para impulsar el proceso penal.

De probarse los hechos, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de presunta malversación de fondos públicos en la historia reciente de la capital tucumana.