El Ministerio Público Fiscal Federal elevó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revisen aspectos centrales del fallo dictado en octubre de 2025 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en la causa YMAD, en el que se setenció a tres años y seis meses de prisión al al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola.

El planteo, firmado por el fiscal general Pablo Camuña, cuestiona la absolución de uno de los imputados, objeta la valoración de la prueba realizada por los jueces y solicita una re definición del alcance de las condenas aplicadas a exfuncionarios universitarios.

El caso se originó en 2010, cuando auditorías internas detectaron presuntas maniobras irregulares en el manejo de los recursos recibidos por la UNT a través de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

Los fondos estaban destinados principalmente al desarrollo de la Ciudad Universitaria, pero las pesquisas revelaron sobreprecios, colocaciones financieras indebidas y la renuncia injustificada a utilidades que debían ingresar a la universidad.

Por estos hechos fueron juzgados Cerisola; Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias; Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones; y Luis Sacca, ex subsecretario administrativo.

Cudmani recibió tres años y dos meses; Venturino, dos años condicionales; mientras que Sacca fue absuelto ante la duda.

PIDEN INCLUIR A LUIS SACCA EN LA SENTENCIA

Sin embargo, para los fiscales Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, esta decisión dejó sin sanción obligaciones de control que -sostienen- estaban claramente acreditadas en el expediente.

En su recurso, Camuña afirma que el tribunal incurrió en "errónea valoración de la prueba" y "aplicación incorrecta del derecho", lo que derivó en un fallo "manifiestamente injusto".

El fiscal remarcó que la absolución de Sacca se apoyó en una interpretación arbitraria del principio in dubio pro reo, pese a que -según sostiene- existían elementos objetivos que acreditaban su injerencia en las maniobras investigadas.

Por ese motivo, se solicitó que se lo declare culpable de incumplimiento de deberes de funcionario público, se lo inhabilite y se lo obligue a reparar el daño causado.

SOLICITAN AGRAVAR LA CONDENA A CERISOLA

El recurso también objeta que la condena a Cerisola haya dejado sin sanción conductas que, según el MPF, configuran administración fraudulenta en perjuicio de la universidad, especialmente la renuncia al 50% de las utilidades que correspondían a la UNT en el marco de YMAD.

Los fiscales calcularon que, como mínimo, la institución perdió un 33% de los beneficios que debía percibir entre enero de 2008 y junio de 2010.

Si la Cámara de Casación da lugar al planteo, deberá fijar nuevas penas y revisar de manera integral la responsabilidad penal de los acusados.

Por ahora, la causa -una de las más relevantes en materia de administración pública en Tucumán- ingresa en una nueva etapa que podría modificar sustancialmente el fallo dictado el año pasado por los jueces Ana Carina Farías, Abelardo Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl.