En el juicio por la cautelar que impide al canal de cable CCC criticar la labor de los fiscales del Ministerio Público Fiscal, la Asociación de Trabajadores de Prensa y la ONG ANDHES, que lucha contra la violencia institucional, coincidieron en que pueden aportar elementos en la causa, lo que se conoce como amicus curiae.

Con el patrocinio del abogado Pablo Gargiulo, la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estatutos Sociales (ANDHES), formalizaron la presentación ante el Tribunal de Impugnación, con el fin de convertirse en amicus curiae (amigos del tribunal).

La causa lleva el nombre de "Olarte Aníbal Gabriel sobre entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional".

Ambas organizaciones se postularon para aportar elementos de derecho, normativos y jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos que pueden ilustrar y completar criterios y fundamentos al momento de resolver en autos.

El pedido se fundamenta en una medida cautelar dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas Taboada, quien ordenó a un multimedio provincial (CCC), junto a sus periodistas y productores, cesar la difusión de todo contenido que "injurie, desacredite o distorsione" la actuación de fiscales y magistrados. La censura incluye a ENTERATE NOTICIAS.

Desde la APT y de ANDHES, resaltaron que esta decisión constituye un caso manifiesto de censura judicial previa, prohibida por los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y un grave retroceso para la libertad de expresión y de prensa en Tucumán.

"La censura nunca puede ser una respuesta legítima en democracia. El periodismo libre y crítico cumple una función esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se lo persigue o se lo calla, lo que está en riesgo no es solo la libertad de prensa, sino el propio tejido democrático", señaló Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES.

"Desde el gremio de trabajadores y trabajadoras de prensa sostenemos que vulnerar derechos esenciales como la libertad de expresión y el acceso a la información -entendidos como bienes sociales y derechos humanos- socava las bases mismas de un sistema democrático y republicano", destacó Diego del Jesús Tomas, secretario gremial de la Asociación de Prensa de Tucumán.

Tanto para la APT como para ANDHES, la decisión Taboada ante la presentación realizada por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, "implica una utilización inapropiada del sistema penal, que lejos de buscar resguardar el honor, la reputación, la intimidad o la honra de una o varias personas determinadas, apela a la utilización de tipos penales que no guardan relación con los hechos invocados para obtener una medida coercitiva que impida la expresión de medios, programas y periodistas críticos del desempeño del sistema judicial tucumano, configurando una respuesta corporativa tendiente a impedir, mediante la amenaza penal, la divulgación de opiniones que, más allá de su contenido y calidad periodísticas, implican una forma del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa constitucional y convencionalmente protegidas".