Después de más de un año de audiencias y decenas de testimonios, la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) llega a su etapa final este martes.

Los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal, Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, anunciaron que desde las 9:30 horas, los cuatro imputados podrán expresar sus últimas palabras. Luego habrá un cuarto intermedio y se dará a conocer el veredicto.

Los acusados son Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino, quienes enfrentan cargos por supuestas irregularidades en obras de la UNT financiadas con fondos mineros.

La postura de la UNT y avances en transparencia

El rector de la UNT, Sergio Pagani, se mostró cauteloso ante la proximidad del fallo: "Nosotros esperamos una sentencia de la Justicia. Hace tiempo que estamos en estas circunstancias y lo que queremos es que se sepa la verdad", señaló.

Consultado sobre si considera que hubo corrupción, Pagani aclaró que "eso lo dirá la Justicia". Además, destacó los avances de su gestión en transparencia: "Estos años, junto con la vicerrectora, hemos avanzado mucho en ese aspecto. La universidad cambió en ese sentido y probablemente se sienta un precedente no solo para nuestra institución, sino para todas las instituciones públicas del país".

El origen del caso y las presuntas irregularidades

El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron posibles irregularidades en el manejo de los fondos de YMAD. Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

Sin embargo, en 2007, el directorio de YMAD declaró concluida la obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando el resto de los fondos. En 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida, habilitando un esquema especial de contrataciones que, según la Fiscalía, se apartó de la Ley de Obras Públicas.

Durante su gestión, se realizaron 13 proyectos bajo este régimen especial, que incluyeron obras importantes en dependencias del gran San Miguel de Tucumán, en lugar de completar la Ciudad Universitaria de San Javier.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que se montó un sistema discrecional y fraudulento, mientras que las defensas aseguran que todo se hizo con dictámenes jurídicos, controles internos y respetando la autonomía universitaria.