Alberto Fernández presentó una apelación para revertir el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante su gestión. La presentación fue realizada por su abogada, Mariana Barbitta, quien argumentó que el fallo es "arbitrario" y que el exmandatario fue acusado por hechos sobre los que nunca se lo indagó formalmente.

La letrada también alertó sobre la gravedad institucional de procesar a un expresidente "a partir de una investigación periodística" sin que haya existido una instrucción judicial "seria, amplia y objetiva".

La trama de los seguros: comisiones millonarias y vínculos personales

La investigación -aún en curso- apunta a un presunto esquema de corrupción basado en contrataciones realizadas por decenas de organismos estatales a través de Nación Seguros SA. Se sospecha que durante el gobierno de Fernández se facilitó la intervención de intermediarios privados que cobraron comisiones por más de $3.364 millones.

Según la causa, el 68% de esas comisiones habría sido destinado a un grupo vinculado a Martínez Sosa, empresario y amigo personal del expresidente.

Casanello procesó a Fernández por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que existió una operatoria sistemática que benefició a un entramado empresarial con cercanía al poder.

Qué viene ahora: una definición clave de la Cámara Federal

La causa, conocida como "Causa Seguros", comenzó tras la denuncia por contratos sospechosos firmados por organismos como ANSES, en los que habrían participado al menos 45 dependencias públicas. El expediente ya tiene 40 imputados, todos vinculados a lo que la Justicia describe como un plan coordinado para desviar fondos a través de seguros estatales.

La defensa de Fernández no solo cuestionó el procesamiento, sino que directamente pidió que se dicte la falta de mérito, lo que significaría dejarlo fuera del expediente hasta tanto existan pruebas más firmes. Ahora será la Cámara Federal porteña la que deberá decidir si avala la decisión de Casanello o si le da la razón al expresidente.