Una porción de los 361 millones de pesos que el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor recibieron del Estado fue desviado para financiar actividades políticas, de acuerdo con la acusación penal.

Para simular esa maniobra, en la rendición de gastos -según corroboró el juez Sebastián Casanello- se usaron facturas apócrifas emitidas por empresas fantasmas. Una de ellas, al mismo tiempo, constituyó tres compañías más, entre ellas la firma Coxtex. En el grupo de profesionales que intervinieron se encuentra un escribano vinculado a Lázaro Báez.

La última semana la justicia concluyó la ronda de indagatorias sobre una veintena de integrantes del Polo Obrero y El Resplandor en las que ninguno de los imputados aceptó responder preguntas del juzgado ni de la fiscalía de Gerardo Pollicita. Mucho menos aquellas personas que estaban implicadas en el entramado de facturas truchas.

La maniobra defraudatoria que se investiga incluye operaciones realizadas con fondos públicos que se giraban a las diversas organizaciones sociales, tras la firma de convenios con el extinto Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo de esos acuerdos era que el dinero se destine a los planes Potenciar Trabajo. En el caso del Polo Obrero y de la Cooperativa, esto no sucedió, indica la imputación penal.