El juicio por la expropiación de YPF, iniciado en 2015 en el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, sigue lejos de una resolución definitiva. La jueza Loretta Preska condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por la forma en que se expropió la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Con intereses acumulados, la deuda asciende ya a 18.000 millones, una suma imposible de afrontar para un país con serias dificultades para acumular reservas.

La condena fue apelada y recién tendrá su primera audiencia a fines de octubre, después de las elecciones legislativas. Mientras tanto, el principal beneficiario, Burford Capital, intensifica la presión con pedidos judiciales para que Argentina negocie, algo que el país se ha negado a hacer durante diez años.

El foco en las acciones de YPF

Burford busca que se reconozca que YPF y el Estado son "lo mismo" para facilitar embargos y cobros. En ese marco, solicitó la entrega del 51% de las acciones que posee el Estado argentino en la petrolera. Preska ya falló a favor de esa transferencia, pero la Argentina apeló y el 25 de septiembre se conocerán los argumentos de ambas partes.

Si la Cámara de Apelaciones no suspende la orden o impone garantías distintas a las acciones, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. De no cumplir, el país correría riesgo de ser declarado en desacato, lo que implicaría sanciones económicas y eventuales trabas para emitir deuda o atraer inversiones.

Riesgo de desacato y escenario incierto

En 2014, Argentina ya vivió una situación similar, cuando un juez de Nueva York le impuso una multa diaria en un conflicto con fondos buitre. En este caso, las sanciones podrían ser mucho mayores y generar un impacto reputacional negativo en los mercados internacionales.

El Gobierno, encabezado por la Procuración del Tesoro a cargo de Santiago Castro Videla, mantiene un hermetismo total sobre la estrategia, mientras Burford contrató al ex banquero Gerardo "Gerry" Mato para intentar acercar posiciones con funcionarios de Javier Milei. Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo siguen siendo remotas.

Fuentes cercanas al caso advierten que cada día de demora incrementa los intereses y que, más temprano que tarde, Argentina deberá definir cómo pagará, ya sea con acciones de YPF, bonos soberanos u otros activos. Con 18.000 millones en juego, el desenlace de este juicio podría marcar un antes y un después en la relación del país con la justicia financiera internacional.