La denuncia presentada el 6 de marzo de 2024 sacudió al mundo del deporte y a la escena pública de Tucumán. Una joven acusó a cuatro jugadores del club Vélez -Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Brian Cufré y José Florentín- de haberla abusado sexualmente en un reconocido hotel de San Miguel de Tucumán. Según su relato, el episodio ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo y dejó secuelas físicas y psicológicas que, afirma, le cambiaron la vida.

A partir de información conocida en el expediente y de conversaciones privadas posteriores al hecho, se reconstruyó una cronología que vuelve a poner el foco en el consentimiento, la revictimización y la demora judicial.

Los mensajes posteriores y el reclamo por consentimiento

Horas después de lo denunciado, la víctima inició una conversación con Sebastián Sosa. En los mensajes, lo enfrenta por lo ocurrido y remarca de manera explícita la falta de consentimiento.

La respuesta del exarquero de Vélez mantuvo un tono de aparente comprensión, pero con el paso de los intercambios la joven insistió en la gravedad de lo vivido y en las consecuencias físicas y emocionales que atravesaba.

En uno de los pasajes más sensibles del diálogo, la denunciante describe lesiones y dolor, y expresa su sorpresa por no haber sido advertida en su estado. Más adelante, Sosa reconoce que el comportamiento de los jugadores fue "inadecuado" y ofrece disculpas "en nombre de ellos", aunque también intenta despegarse de cualquier responsabilidad directa y señala que las medidas que se adopten "no lo involucran".

La conversación cierra con mensajes de preocupación general y un pedido para retomar el contacto, mientras la víctima continúa relatando el abuso a personas de su entorno y deja constancia de las secuelas médicas y psicológicas.

Miedo, denuncia y una causa sin juicio

Entre el hecho y la presentación formal, la joven atravesó el temor a la exposición pública y al impacto que la denuncia pudiera tener en su vida laboral y personal. Finalmente, el 6 de marzo radicó la acusación ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual I. Al día siguiente, el club Vélez dispuso la separación preventiva de los cuatro futbolistas del plantel profesional.

Casi dos años después, la causa sigue sin llegar a juicio. En ese tiempo, la víctima denunció haber sido revictimizada, con su intimidad vulnerada y sin respuestas claras del sistema judicial. El caso reabrió un debate incómodo pero necesario: quién protege a las mujeres que denuncian, cómo actúa la Justicia frente a los delitos sexuales y qué ocurre cuando las demoras también se convierten en una forma de tomar partido.

Mientras tanto, el reclamo persiste. No solo por una resolución judicial, sino por una escucha efectiva que evite que el silencio vuelva a imponerse sobre la denuncia.

Justicia por Luli: referentes de la cultura y el periodismo pidieron transparencia

Las repercusiones del caso trascendieron Tucumán y generaron un fuerte pronunciamiento de referentes de la cultura, el periodismo y los derechos humanos a nivel nacional. En un mensaje colectivo, repudiaron la violencia mediática a la que es sometida la denunciante, alertaron sobre el intento de sobreseimiento de los acusados y exigieron que la causa sea elevada a juicio. También advirtieron sobre el estado crítico de la víctima, quien atravesó intentos de suicidio y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, y denunciaron una estrategia de desgaste y amedrentamiento que, lejos de buscar justicia, profundiza la revictimización.

En ese contexto, la periodista Carolina Fernández, de Página/12 y del programa GPS (América), expresó en El Avispero su "impotencia" frente al avance del caso y denunció un "cerco mediático" en Tucumán. Fernández remarcó que se trata de una denuncia por violación en pluralidad presentada en los tiempos que históricamente se les exige a las víctimas y sostuvo que el relato está respaldado por lesiones constatadas, pericias, chats, ADN y un cuadro de estrés postraumático severo. "No puede existir un perito, un fiscal o un juez que no crea este relato", afirmó, y cuestionó duramente que se siga juzgando a la víctima pese a la contundencia de las pruebas.

La periodista también fue categórica al señalar la falta de perspectiva de género en el accionar judicial y mediático, especialmente ante el pedido de sobreseimiento de Sebastián Sosa, a quien identificó como quien contactó, citó y llevó a la denunciante al hotel. Fernández calificó de "vergüenza" que la Fiscalía acompañe ese pedido y advirtió que lo que se está haciendo con la víctima es "exageradamente revictimizante". "Estamos hablando de una chica de 26 años que intentó suicidarse dos veces. ¿Qué más quiere la Justicia?", se preguntó, al tiempo que llamó a todo el país a seguir de cerca el caso y a no permitir que una nueva denunciante sea silenciada por la demora judicial.

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