En el marco de la causa por la violación en manada denunciada en Tucumán contra exjugadores de Vélez, el Poder Judicial dio un paso institucional de fuerte impacto al reconocer la gravedad de las reiteradas filtraciones de información judicial reservada y la exposición indebida de la víctima en medios digitales.

La denuncia fue presentada por la propia víctima, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la abogada Patricia Neme, quien advirtió que actuaciones bajo reserva judicial estaban siendo difundidas públicamente, vulnerando derechos básicos, afectando la intimidad de la denunciante y profundizando su revictimización en un proceso de violencia sexual.

A partir de esa presentación, dos magistrados del Colegio de Jueces - Centro Judicial Capital, Tucumán dictaron decretos en los que dejaron expresamente asentado que los hechos denunciados no constituyen simples irregularidades administrativas, sino que podrían configurar delitos de acción pública.

Por un lado, la Dra. Eliana Karina Gómez Moreira, en su carácter de jueza, ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal y subrayó la obligación legal de investigar las filtraciones de audiencias y documentos bajo reserva judicial, recordando además el deber de proteger a la víctima y evitar cualquier forma de revictimización, conforme a la legislación vigente en materia de violencia de género.

En la misma línea, el juez Dr. Augusto José Paz Almonacid dispuso mediante decreto que se abra una investigación específica en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT), a cargo del fiscal Sosa Piñeyro, con el objetivo de esclarecer la difusión sistemática de audiencias, fragmentos del expediente y datos sensibles del denominado Caso Vélez.

La investigación ordenada alcanza tanto a dos páginas web que difundieron material reservado como a miembros de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), ante la presunción de que desde el propio ámbito judicial se habrían producido filtraciones que derivaron en la exposición pública de la víctima.

Desde la querella señalaron que estos decretos judiciales confirman que la denuncia no fue una reacción aislada, sino un planteo fundado que hoy cuenta con reconocimiento institucional. Además, remarcaron que el foco debe estar puesto en determinar responsabilidades penales y funcionales por la difusión de información reservada en una causa de violencia sexual.

Las actuaciones ahora se encuentran en la órbita de la UFDT, que deberá investigar cómo y por qué material sensible terminó circulando en medios y redes, y si existieron responsabilidades dentro del propio sistema judicial.