El caso Punturo abrió un debate sin precedentes en Tucumán. La Justicia resolvió que Federico Adrián Punturo, acusado de hostigar durante más de doce años a una joven de Tafí Viejo, no podrá vivir en la provincia y deberá trasladarse a Santiago del Estero durante cuatro años, en una figura judicial que especialistas asimilan al destierro moderno. El fallo se firmó en un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su culpabilidad y fuera condenado a un año de prisión condicional, tras violar múltiples veces la orden de restricción y quitarse una pulsera electrónica de monitoreo.

Patricio Char, uno de los querellantes en la causa, dialogó con Enterate Play y valoró el antecedente judicial, pero remarcó que todavía el sistema penal argentino sigue sin estar preparado para dar respuesta a estos casos en tiempo real.

"El acoso no es delito. La mujer no tenía cómo denunciar porque no existe una figura penal que castigue esto. Se dictó una medida de acercamiento y él la violó, por eso se logró la condena. Esa es una materia pendiente en el Código Penal", afirmó Char.

Respecto al control territorial, explicó que tanto la Justicia tucumana como la santiagueña intervienen sobre el cumplimiento de la resolución: "Punturo está condenado por la Justicia de Tucumán y el dispositivo electrónico se le colocó acá. Cualquier alerta será informada a Tucumán. La fuerza policial de Santiago del Estero hace una especie de soporte a la Justicia tucumana". Sin embargo, fue contundente: "Nada puede garantizar que él no se rompa la pulsera".

El abogado también cuestionó la falta de reacción que sufrió la víctima durante más de una década: "No se la tomó en serio al inicio porque hay inacción de la justicia. Se mira de reojo siempre a la mujer. Se investiga si es verdad o mentira lo que dice la mujer. Es la palabra de la mujer contra la del hombre y no se tendría que especular, ni poner la lupa sobre la víctima".

El caso, homologado por el juez Eduardo González, y donde también participaron la fiscal Adriana Reinoso Cuello, la querellante Patricia Neme y el defensor Guillermo Villalba, marca un precedente en la provincia por su resolución y por los años de violencia sostenida que la víctima debió atravesar para llegar a este punto.

La joven, identificada como F., relató en su momento que Punturo aparecía de madrugada, golpeaba su ventana y no aceptaba el no como respuesta. Llegó a recibir sugerencias para mudarse, pese a no ser ella la agresora. "Fue largo y doloroso, pero valió la pena. Hoy siento que puedo empezar a vivir tranquila", expresó.

Para Char, el valor de este caso excede lo individual y vuelve a poner sobre la mesa la dimensión política y estructural de la violencia machista: "O se actúa o se es cómplice".

El abogado también mencionó que Punturo podrá estar libre en Santiago del Estero pero debe respetar la restricción de acercamiento a la víctima.