Tres empresarios que están siendo juzgados por presunto pago de coimas en la licitación de obras para AySA decidieron no declarar este lunes ante el Tribunal Oral Federal 7 de la ciudad de Buenos Aires. La causa investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas y Berazategui, también conocida como la Planta del Bicentenario.

Se trata de un tramo del escándalo de corrupción internacional que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, y que en Argentina tiene como acusados a exfuncionarios y contratistas de la obra pública durante el kirchnerismo.

Quiénes son los acusados y qué obras están bajo la lupa

El proceso judicial alcanza a empresarios como Aldo Roggio, Jorge Corcho Rodríguez y Carlos Wagner, además de figuras clave del anterior gobierno como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, su segundo Roberto Baratta y el extitular de AySA, Carlos Ben.

Las empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos fueron, por un lado, la UTE integrada por Norberto Odebrecht S.A., Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A.I.C. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.; y por otro, la formada por Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. y Esuco S.A.

Según la acusación, las licitaciones habrían sido manipuladas a través del pago de sobornos, en un esquema coordinado entre funcionarios públicos y empresarios que defraudó al Estado argentino.

Una trama que conecta con otras causas emblemáticas

El juicio oral, que comenzó en mayo y se desarrolla cada 15 días vía Zoom, está a cargo del mismo tribunal que juzgará a Cristina Kirchner desde noviembre en el caso Cuadernos. José López, otro de los imputados, siguió la audiencia desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena firme por la Causa Vialidad.

Este lunes, ninguno de los acusados accedió a prestar declaración indagatoria. Por consejo de mis abogados, no voy a declarar en este momento. Me reservo el derecho de hacerlo más adelante, dijo Aldo Roggio. Jorge Rodríguez también se limitó a confirmar sus datos personales, incluyendo su apodo, Corcho.

Según el requerimiento de elevación a juicio, en el centro de la acusación está un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas y una administración infiel de los recursos públicos.