Este martes, desde las 12 h, se realizará la audiencia de admisibilidad de acusación contra la jueza Julieta Makintach en el Salón Dorado del Honorable Senado bonaerense, en La Plata.

Su abogado, Darío Saldaño, presentó varias medidas para suspender la jornada: recusó a Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte provincial, por supuesta parcialidad; cuestionó la validez del cuerpo de jurados suplentes tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran; y solicitó que se incluyan como imputados a los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso, integrantes del tribunal que declaró nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Acusaciones y contexto del caso

El jury deberá decidir si los cargos son suficientes para iniciar el juicio político, mientras Makintach permanece apartada preventivamente. Entre los denunciantes que presentaron formalmente sus acusaciones están el Procurador Bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, un grupo de legisladores, la Bicameral y Julio Coria, el custodio de Maradona involucrado en falso testimonio.

La jueza está acusada de posibles irregularidades vinculadas al documental "Justicia Divina", que motivó la nulidad del juicio por la muerte de Maradona. En su descargo, Makintach negó haber participado del film y aseguró que las grabaciones fueron conocidas y autorizadas por todo el tribunal, además de haberse realizado en un día inhábil, sin afectar su labor judicial. También rechazó cargos de mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o incumplimiento de deberes.

Implicancias legales y mediáticas

Si se admite el juicio político, la renuncia presentada por Makintach ya no podrá ser aceptada, y se le aplicaría una suspensión con quita del 40% de su salario. La magistrada sostiene que el caso tiene un fuerte componente mediático y que las acusaciones se apoyan en presiones externas, no en pruebas concretas.

Paralelamente, Makintach es investigada en una causa penal a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb por sus vínculos con el documental. Dalma y Giannina Maradona avanzaron judicialmente contra los productores del film: José Arnal, Juan D'Emilio y María Lía Vidal, quienes habrían grabado audiencias sin consentimiento y con la jueza como protagonista.