La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó el recurso de Casación presentado por la defensa de Carlos Pérez, excapitán de navío retirado, y su esposa, María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal. Ambos están procesados por la presunta sustracción de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

El recurso había sido presentado por su abogado defensor, Ernesto González, quien cuestionó el fallo anterior por considerar que violaba el Código de Procedimientos Penal y malinterpretaba los delitos imputados. Sin embargo, la Cámara consideró que no se trataba de una sentencia definitiva ni había un agravio federal concreto, como lo argumentó también el fiscal general Carlos Schafer.

Sospechas sobre la entrega de Loan y roles asignados

Según la reconstrucción de los hechos, Pérez y Caillava habrían retirado a Loan con el pretexto de ver un partido de fútbol. Lo hicieron a bordo de su camioneta Ford Ranger desde la zona de El Algarrobal. Para la Justicia, este traslado fue parte de un plan previamente acordado con los otros imputados.

La hipótesis judicial indica que durante un almuerzo en la casa de Catalina Peña, abuela del niño, el grupo habría planeado sustraer a un menor de no más de diez años. La elección de Loan habría sido casual, ya que su presencia no estaba prevista. Se sospecha que Benítez y Ramírez tenían la tarea de llevar a los niños al naranjal cercano, donde luego se concretaría la entrega del menor a Pérez y Caillava en un lugar preestablecido, "la tapera".

Por su parte, la tía de Loan, Laudelina Peña, y Mónica Millapi, también están imputadas por su rol en la supuesta logística de la sustracción. El expediente sostiene que Laudelina debía regresar a la casa de Catalina para actuar como nexo entre los captores y quienes se llevarían al menor.

La defensa puede recurrir a la Corte

La Cámara subrayó que la defensa no presentó fundamentos sólidos ni objetó la legalidad de la prisión preventiva, lo que invalidó parcialmente su recurso. Además, aclararon que los artículos citados del Código Procesal Penal fueron meras transcripciones sin sustento jurídico concreto.

Pese a esta resolución, Pérez y Caillava aún tienen la opción de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.