La Corte Suprema de Justicia provincial enfrenta horas decisivas para definir el futuro penal de Sergio Kaleñuk. A días de que comience un nuevo juicio por el trágico crimen de Paulina Lebbos, los magistrados del alto tribunal deberán resolver definitivamente si corresponde o no declarar prescripta la causa en su contra por el delito de encubrimiento agravado.

La urgencia de la resolución radica en que la Cámara Penal Conclusional ya había fijado la fecha de inicio del debate oral para el próximo 2 de marzo. En esa instancia judicial también está previsto que se enjuicie a Víctor César Soto como el presunto autor material del homicidio.

El debate jurídico sobre los plazos y la función pública

El planteo que llegó a la Corte no discute los hechos criminales en sí, sino una cuestión estrictamente legal: si el paso del tiempo extinguió la posibilidad de juzgar al acusado. El abogado defensor, Patricio Char, argumenta que los hechos imputados ocurrieron entre febrero y marzo de 2006, pero el primer llamado a indagatoria recién se produjo en 2021. Al tratarse de un delito con una pena máxima de seis años, la defensa sostiene que el plazo (que superaba los 14 años) ya estaba ampliamente vencido.

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El punto más álgido de la discusión se centra en el cargo que ocupaba Sergio Kaleñuk en aquel momento. La acusación histórica argumentaba que, al ser empleado público, los plazos de prescripción se suspendían automáticamente. Sin embargo, tanto la defensa como el fiscal de Cámara, Daniel Marranzino, coinciden en que el encubrimiento no fue cometido "en el ejercicio de la función pública", un requisito fundamental que exige el artículo 67 del Código Penal. Por este motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó que corresponde dictar el sobreseimiento.

La división de los jueces y lo que podría pasar

Pese al dictamen fiscal, la Cámara Penal Conclusional había rechazado archivar el caso. Con los votos mayoritarios de los vocales Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, el tribunal argumentó que la sola condición de empleado estatal basta para frenar la prescripción, independientemente de si el acto estuvo ligado a su trabajo.

En la vereda de enfrente se ubicó el vocal Fabián Fradejas, quien votó en disidencia. El magistrado le dio la razón al fiscal y a la defensa, advirtiendo que "ser funcionario público no alcanza por sí solo". Además, remarcó que la supuesta ayuda para ocultar pruebas y colaborar con Víctor César Soto (según la teoría de la fiscalía de instrucción a cargo de Carlos Sale) fue descripta como una conducta estrictamente privada.

Ahora, la última palabra la tiene la Corte Suprema. Su fallo no solo destrabará la situación procesal del imputado, sino que marcará el escenario definitivo de uno de los juicios más esperados de la historia provincial.