La investigación por el crimen de Érika Álvarez sumó en las últimas horas una decisión clave en el ámbito institucional. Justina Gordillo, pareja de Felipe "El Militar" Sosa, principal acusado del homicidio, fue separada de su función en la Corte Suprema de Justicia tras haber sido detenida en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia.

La medida fue dispuesta por los miembros del Máximo Tribunal, quienes resolvieron trasladarla de la Secretaría de Superintendencia al área de archivo y congelar el pago de sus haberes, a la espera de que se defina su situación procesal.

Decisión institucional tras la detención

Gordillo, que ocupaba el cargo de prosecretaria desde septiembre de 2010, cumplía tareas administrativas vinculadas a licencias y asistencias del personal judicial. Según se informó oficialmente, no trabajaba con ninguno de los vocales de la Corte ni tenía contacto con causas judiciales, ya que su desempeño se limitaba al área de Superintendencia.

La mujer fue arrestada el domingo por la tarde luego de una serie de procedimientos solicitados por la Policía y autorizados por la Justicia, en el marco de una investigación que continúa bajo estricta reserva.

Lo que reconstruyó la investigación hasta ahora

De acuerdo con los datos recolectados por los investigadores, el martes 6 por la noche, pasadas las 21, Sosa llegó a su vivienda de Santo Domingo al 1.000 junto a Érika Álvarez, a bordo de una moto KTM. Minutos después arribó Gordillo y, más tarde, otros dos hombres.

Los tres se retiraron del lugar pasada la medianoche del miércoles 8, según registros de cámaras de seguridad. Sin embargo, las imágenes también muestran que Gordillo regresó horas más tarde y permaneció allí durante un tiempo prolongado, incluso en un tramo clave de la secuencia: cuando Sosa habría realizado maniobras para deshacerse del cuerpo de la víctima.

Vínculos personales y hallazgo del cuerpo

Según relataron familiares de Érika Álvarez, la joven participaba en encuentros sexuales grupales en los que se consumían drogas. Mantenía una relación con Felipe Sosa desde hacía al menos dos años y también conocía a Gordillo, aunque -según afirmó una de sus hermanas- desconocía que era la pareja del "Militar", hasta ahora el único procesado.

El cuerpo de Érika fue hallado el 8 de enero, dentro de bolsas de residuos, en un basural del barrio Manantial Sur, un dato que marcó un punto de inflexión en la causa y abrió nuevas líneas de investigación.

Una situación laboral atada al avance judicial

Desde el entorno judicial indicaron que la situación procesal de Gordillo será evaluada día a día, y que su continuidad laboral dependerá directamente de las pruebas que surjan en la causa. No se descarta que, si se acredita una participación directa en el homicidio, se avance con sanciones más severas, incluida la cesantía.

Malestar y cruces entre poderes del Estado

El caso también generó tensión política. El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó públicamente el avance de la investigación y expresó su preocupación por la actuación judicial.
"Vemos con mucha preocupación que la Justicia no está avanzando con la velocidad que requiere un caso tan grave", sostuvo el mandatario.

Las declaraciones no cayeron bien en el Poder Judicial. Si bien no hubo respuestas públicas por parte del presidente de la Corte, Daniel Leiva, trascendió que existió malestar interno, especialmente porque la orden de detención fue otorgada por la jueza Alejandra Balcazar apenas una hora después del pedido del fiscal Pedro Gallo.

Además, se recordó que el fiscal Marcelo Leguizamón había ordenado medidas complementarias días antes, entre ellas la identificación formal de la víctima por parte de la familia y el secuestro de la motocicleta del imputado.

Según fuentes cercanas al caso, las críticas del gobernador derivaron en un contacto telefónico con el titular de la Corte, donde se remarcó la independencia y los distintos roles que cumplen la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en una investigación de esta magnitud.