Caso Érika Álvarez: prisión preventiva para los dos nuevos detenidos
La Justicia tucumana ordenó que Nicolás Navarro y Jorge "Chicho" Díaz permanezcan detenidos por tres meses. Se los acusa de haber ayudado al femicida a limpiar la escena y ocultar el cuerpo en un basural.
Una red de impunidad: ya son cuatro los detenidos
En una audiencia clave realizada este viernes 27 de febrero, la Justicia dictó la prisión preventiva para los dos últimos capturados en la causa que investiga el asesinato de Érika Antonella Álvarez. Con esta resolución, ya son cuatro las personas privadas de la libertad. La auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, fue contundente al describir el hecho como un plan sistemático para que el crimen quedara impune, resaltando la violencia extrema que sufrió la joven antes de que su cuerpo fuera abandonado de forma "aberrante".
Los roles de "Chicho" Díaz y Navarro en el ocultamiento
La fiscalía detalló cómo los nuevos imputados habrían colaborado con Felipe Sosa (el principal sospechoso) tras el femicidio ocurrido el pasado 7 de enero en Yerba Buena:
Jorge "Chicho" Díaz: Habría llegado al domicilio del crimen en una camioneta Chevrolet S10 ploteada con el logo de "Mundo Limpio". Su rol fue crucial: se sospecha que ayudó a limpiar el lugar y que retiró en la caja del vehículo bolsas de consorcio de gran tamaño que contenían evidencias y rastro del hecho.
Nicolás Navarro: Acudió al lugar apenas unas horas después del crimen tras un llamado telefónico de Sosa. Según la investigación, permaneció en la vivienda colaborando con las maniobras para ocultar el cuerpo y hacer desaparecer el teléfono celular de la víctima.
El estado actual de la causa y los otros acusados
La investigación, que ya cuenta con más de 100 actuaciones, mantiene bajo la lupa a otros dos protagonistas que ya cumplían prisión preventiva:
Felipe Sosa (50): El presunto autor material del homicidio, capturado en Buenos Aires a mediados de enero.
Justina Gordillo (48): Empleada judicial acusada de encubrimiento doblemente agravado.
La jueza interviniente validó los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, considerando que todavía existen personas no identificadas que podrían haber participado en el violento episodio que terminó con la vida de Érika.
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