La defensa de Felipe "El Militar" Sosa, acusado por el crimen de Érika Antonella Álvarez, denunció este martes una "situación de gravedad institucional" en el proceso judicial y sostuvo que existe un "desequilibrio procesal" que afecta el derecho de defensa.

En un comunicado, los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores señalan que en los últimos días "se han difundido masivamente en distintos medios declaraciones prestadas en sede fiscal por una persona actualmente imputada en el expediente".

"No se trata de comunicados oficiales ni de exposiciones voluntarias ante la prensa: son piezas procesales de una investigación en trámite que han sido difundidas selectivamente", remarcaron, y advirtieron que, mientras esos elementos se hacen públicos, la defensa enfrenta "restricciones materiales concretas para ejercer su función, generándose una situación de desequilibrio procesal que compromete la igualdad de armas".

El régimen de detención que denuncia la defensa

El escrito describe además las condiciones en las que se encuentra alojado Sosa:

• Está en una celda individual , dentro de un pabellón donde otros internos comparten espacios, pero él no.
  
  
• "Permanece 23 horas diarias dentro de esa celda. Desayuna solo. Almuerza solo. Merienda solo. No comparte espacio con otros internos. No mantiene conversación con nadie. No interactúa con el resto del pabellón", detallaron.
  
  
• La única salida diaria sería de unos 15 minutos, bajo el esquema denominado "formación diamante", rodeada de personal penitenciario encapuchado. "No ve sus rostros. No existe intercambio humano", agregó.
  
  

Según la defensa, un informe psicológico del 23 de febrero de 2026 indica que Sosa llevaba cinco semanas bajo ese régimen y lo describe como un "régimen de aislamiento social extremo" .

Salud mental, aislamiento y acceso a la defensa.

Cosiansi y Flores subrayaron que la problemática de consumo y adicción de su defendido "ha sido ratificada" por un informe psicológico de parte, evaluaciones del Siprosa -incluida intervención psiquiátrica- y constancias del propio Servicio Penitenciario.

"No es una afirmación unilateral. Es una situación documentada", enfatizaron, y advirtieron: " El aislamiento prolongado en una persona con vulnerabilidad psíquica acreditada no es neutro. Puede agravar su estado emocional y generar consecuencias acumulativas ".

Entre los puntos críticos que enumeran, señalan que:

• No se les permitirá ingresarle material de lectura ni libros , pese al encierro casi total.
• El contacto con la defensa se realiza bajo acrílico y supervisión permanente , sin privacidad efectiva, lo que -afirman- afecta la confidencialidad y el derecho de defensa.
• Algunos traslados médicos solicitados fueron rechazados con el argumento de que debían debatirse en audiencia, algo que califican de "inusual".
  
  

Planteo institucional y organismos de control

En el tramo final del comunicado, los abogados cuadran la situación en el marco de los estándares de derechos humanos:

"Este cuadro debe analizarse a la luz de la prohibición absoluta de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales", señaló.

También remarcaron que la provincia "carece actualmente de un mecanismo local operativo de monitoreo en materia de prevención de la tortura", lo que implica -según la defensa- ausencia de control externo independiente y permanente sobre las condiciones de detención. "Sin control externo, el único contrapeso institucional posible es la intervención judicial", apuntaron.

Recordaron además que Felipe Sosa " no registra antecedentes penales " y que la situación fue comunicada al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura , a la Comisión Provincial contra la Tortura ya organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

En los próximos días se celebrará una audiencia judicial para abordar estas restricciones y, según la defensa, "restablecer condiciones mínimas que permitan ejercer una defensa efectiva".

"El principio de igualdad de armas no es una consigna retórica: es un principio estructural del debido proceso. Cuando la defensa enfrenta limitaciones materiales mientras se difunden selectivamente piezas del expediente, el equilibrio procesal se ve comprometido", concluyeron los abogados, que cerraron con una frase que ya generó polémica: "¿Tiene lógica que quien ha decidido matar sea el primero en pedir auxilio?".