El proceso judicial por el asesinato de Érika Antonella Álvarez, ocurrido en enero pasado, sumó una fuerte polémica en torno a las condiciones de detención del único acusado.

Los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, actuales defensores de Felipe "El Militar" Sosa, advirtieron que su cliente atraviesa un marcado deterioro físico y psicológico que le impide ejercer su defensa de manera normal.

Un régimen de aislamiento bajo la lupa

Según el comunicado de la defensa, Sosa se encuentra bajo un régimen de encierro extremo con vigilancia permanente y mínima interacción. Los letrados detallaron que el imputado presenta:

• Complicaciones físicas: Temblores, arritmias y afecciones constatadas por médicos públicos.

• Cuadros psicológicos: Episodios de miedo y desorientación derivados de la medicación y el aislamiento.

• Incumplimiento judicial: Los abogados denuncian que existe una orden para adecuar las condiciones de detención y permitir actividades recreativas que el Servicio Penitenciario no estaría ejecutando.

Cuestionamientos a la prueba y al proceso

La defensa también cargó contra puntos clave de la investigación. Pusieron en duda el riesgo de fuga, afirmando que en el acta de la Policía Federal no figura el pasaporte que supuestamente Sosa tenía en su poder al ser detenido. Además, criticaron las trabas para acceder al material digital de la autopsia, lo que dificulta el trabajo de sus peritos en Buenos Aires.

Finalmente, Cosiansi y Flores señalaron la falta de organismos externos que controlen la situación carcelaria en Tucumán. "Hay una persona que no está en condiciones de defenderse por sí misma", sentenciaron, cuestionando si la causa busca la verdad o es un mecanismo de desgaste contra el imputado, quien también enfrenta un procesamiento federal por tenencia de estupefacientes.