En una reciente decisión judicial, la Justicia rechazó la demanda presentada por Pablo Ventura contra el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal bonaerense, tras haber estado detenido de manera errónea en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. 

Ventura, quien fue arrestado en enero de 2020 bajo acusaciones falsas de haber participado en el ataque, había solicitado una compensación de 10 millones de pesos por los daños sufridos durante su detención de cuatro días.

El reclamo fue presentado en noviembre de 2021 por el abogado de Ventura, Marcelo Olmos, quien calificó la detención como "infundada e injusta". Olmos argumentó que su cliente había sido detenido debido a una información poco confiable proporcionada por los rugbiers involucrados en el caso, quienes mencionaron erróneamente a Ventura como parte del grupo agresor.

En su demanda, Olmos también había denunciado la falta de rigurosidad en la investigación inicial y la orden de detención que, según él, se basó en "datos paupérrimos e infundados". Además, describió el sufrimiento de Ventura, quien fue arrestado en su hogar y alojado en condiciones precarias en un calabozo en Villa Gesell, lo que afectó severamente su privacidad y su dignidad.

Sin embargo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Dolores resolvió desestimar la demanda. Según las fuentes del caso, las autoridades judiciales concluyeron que el Estado no tuvo responsabilidad en la "pérdida de la libertad y la alteración de la paz" de Ventura, ni en la exposición pública y violación de su intimidad.

El fallo destacó que "el error judicial puede originarse en una actuación ilegítima por parte del funcionario interviniente o en un pronunciamiento con marcados sesgos de arbitrariedad". Sin embargo, en este caso, la resolución concluyó que no se comprobó la actuación incorrecta que justificara el resarcimiento solicitado.

La decisión se produce más de cuatro años después del crimen de Fernando Báez Sosa.