La causa que investiga el Ministerio Público Fiscal sumó un capítulo clave. El abogado querellante Carlos Garmendia dialogó con nuestro medio y analizó punto por punto la reciente declaración indagatoria de la empleada judicial detenida por el encubrimiento del crimen.

El expediente por la muerte de Erika Antonella Álvarez se reactivó el pasado 12 de febrero cuando Justina Gordillo decidió romper el silencio frente al fiscal de instrucción Gallo. En un documento de 14 páginas, la acusada brindó una versión exculpatoria para intentar desvincularse del hecho, aportando los nombres de otras personas allegadas al principal sospechoso, Felipe Sosa, y señalándolos como los verdaderos responsables de ayudarlo a deshacerse del cuerpo.

La postura de la querella y las pruebas en contra

Lejos de convencer a la parte acusadora, el doctor Carlos Garmendia aseguró que la empleada judicial acomodó su relato tras haber tenido el tiempo suficiente para analizar la evidencia recolectada, como los registros de las cámaras de seguridad.

"Para mí ella intenta dar una versión exculpatoria para quedar desinvolucrada y no lo logra. Hay algunas cosas en las que claramente ha mentido", sentenció el letrado, ratificando que mantiene firme la acusación por encubrimiento. Sobre la posibilidad de pedir la detención de los nuevos sospechosos mencionados, el abogado fue cauteloso y respaldó el trabajo del fiscal Gallo, indicando que aún faltan elementos para justificar una privación de la libertad, aunque confirmó que esas personas ya están bajo la lupa de la Justicia.

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Narcotráfico, policías corruptos y el rol de la Justicia Federal

Uno de los puntos más explosivos de la declaración de Justina Gordillo fue la confirmación de que Felipe Sosa estuvo fuertemente vinculado a la venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas. Ante esta revelación, el abogado anticipó que abrirá un nuevo frente judicial de carácter federal.

Carlos Garmendia confirmó que está esperando la producción de una prueba clave (que mantuvo en estricta reserva) para presentarse formalmente ante el Juzgado Federal y solicitar una investigación paralela. Según adelantó, esta nueva pesquisa apuntará a desarticular una presunta red de venta de estupefacientes que podría involucrar a "policías tucumanos infieles y corruptos" relacionados directamente con el principal acusado.

Finalmente, respecto al futuro procesal de Justina Gordillo, la querella aclaró que su situación no se modificó tras la declaración y que los plazos de su prisión preventiva siguen vigentes. Aunque esperan que la defensa solicite el arresto domiciliario en las próximas horas, adelantaron que se opondrán rotundamente a otorgarle cualquier tipo de beneficio.