En las últimas semanas, la ministra Patricia Bullrich anunció un ambicioso proyecto para reformar el sistema carcelario, abordando tanto la superpoblación como el alto costo de mantener a miles de presos a diario.

Durante un acto del gobierno porteño sobre el hacinamiento en las comisarías y alcaidías de CABA, la ministra de seguridad declaró: "Estamos planificando la construcción de dos cárceles privadas, que ya están en proceso de licitación".

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal informaron que una de estas cárceles estará ubicada en Ezeiza, con una capacidad proyectada para 3200 internos, mientras que la segunda se construirá en la zona del litoral, para 1800 reclusos.

El modelo de gestión propuesto será mixto, diferente al sistema de privatización total de Estados Unidos, donde las empresas controlan completamente las instalaciones penitenciarias. En Argentina, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantendría la vigilancia y seguridad directa de los presos, mientras que las empresas privadas se encargarían de la construcción, mantenimiento, servicios médicos, alimentación, higiene y tratamiento de residuos. Además, el sector privado administraría las cárceles y el proceso de resocialización de los internos.

Uno de los aspectos más innovadores es que las empresas invertirán en la construcción y mantenimiento de los penales, y el Estado pagará por cada preso alojado, convirtiéndose en un usuario de la empresa prestataria que tendrá una concesión. Los informes sobre el comportamiento de los presos, que influyen en los beneficios judiciales, seguirán bajo la supervisión del SPF.

Este modelo ya se ha utilizado en otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, generando debates sobre la efectividad y ética de privatizar parte del sistema penitenciario. Las empresas buscan recuperar su inversión y obtener ganancias, lo que plantea preguntas sobre la calidad y humanidad del trato a los internos.

El sistema penitenciario argentino enfrenta actualmente problemas graves, incluyendo sobrecostos en alimentación y mantenimiento de los reclusos y condiciones inadecuadas en algunas instalaciones, como la contaminación del agua en Marcos Paz. Este nuevo proyecto busca reducir costos y mejorar las condiciones de vida de los internos, delegando parte del control a empresas privadas.

La licitación para estas cárceles privadas se proyecta para comenzar en un mes y medio, coordinada por la Secretaría de Concesiones del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El Gobierno priorizará las propuestas que ofrezcan las mejores condiciones y costos para el Estado.

"Hay muchos interesados, tanto a nivel nacional como internacional, pero se hará de manera transparente por medio de licitación, y se elegirá la empresa con la mejor oferta", aseguró otra fuente del SPF.

En el presupuesto de 2024, se proyectó casi $183.000 millones para el Servicio Penitenciario Federal, incluyendo partidas para actividades centrales, seguridad y rehabilitación de presos, cooperación técnica y financiera para la laborterapia de internos, y formación y capacitación.

Desglose de los gastos del Servicio Penitenciario Federal en el Presupuesto 2024:

- Actividades Centrales: más de $25.746 millones, con 1990 cargos de personal.
- Seguridad y Rehabilitación del Interno: $139.398 millones, con 15.472 cargos. De este total, $9.574 millones para atención médico-sanitaria, $6496 millones en seguridad y traslados, y $123.327 millones en alojamiento y tratamiento.
- Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos: $14.516 millones, con 246 cargos de personal. Incluye $1.773 millones en gastos de personal, $1.170 millones en bienes de consumo, $11.437 millones en servicios no personales, y $135 millones en bienes de uso.
- Formación y Capacitación: $3.260 millones, con 446 cargos de recursos humanos.