El Gobierno atraviesa días decisivos mientras ultima la nueva versión del Presupuesto 2026, que deberá ser enviada a Diputados con las modificaciones acordadas con los gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el borrador final aún no llegó a manos de las provincias, Luis Caputo empezó a ocupar un rol central en la negociación política.

El documento está siendo ajustado por el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman, y su equipo del Palacio de Hacienda. En paralelo, y con Diego Santili recorriendo provincias, Caputo inició su propia ronda de conversaciones.

Reuniones con gobernadores y posturas firmes

A mitad de semana, Caputo recibiría al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, con quien ya se reunió la semana pasada para firmar el acuerdo que reduce retenciones al petróleo en forma gradual según el precio del barril. Ese mismo día también pasó por el Ministerio el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

El ministro busca ahora involucrarse directamente en la política fiscal, después de admitir que fue "un error" haber delegado esa relación en otros funcionarios. Sin embargo, hay puntos en los que el Gobierno no piensa ceder: la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los beneficios ampliados del régimen de Zonas Frías.

Este último punto encendió la alarma de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, ya que el proyecto original eliminaba la ampliación de 2021 y dejaba fuera del beneficio a más de 3 millones de hogares. En Casa Rosada aseguran que el nuevo esquema de subsidios energéticos presentado el viernes resolvería la cuestión.

CABA exige pagos atrasados y un lugar en el Presupuesto

Además de Vidal, Caputo también avanzará con la Ciudad de Buenos Aires. Este martes habrá una reunión técnica entre Economía y el equipo porteño para discutir la deuda por Coparticipación, mientras que el jueves Santili recibirá a Jorge Macri en Casa Rosada.

CABA reclama que la Nación normalice los pagos semanales del 1,55% establecidos por un fallo de la Corte Suprema, que desde agosto acumulan una deuda de $274.000 millones. El gobierno porteño pide que ese monto se incluya en el Presupuesto 2026 para garantizar su continuidad y el cumplimiento del fallo.