En un comunicado de prensa, Cancillería destacó varios puntos críticos respecto a esta decisión, que considera equivocada y perjudicial para los esfuerzos de resolución del conflicto en la región.

El comunicado señala que Argentina rechaza firmemente la equiparación realizada por el Fiscal de la CPI entre las autoridades legítimas de un Estado democrático como Israel y los líderes de una organización terrorista responsable de crímenes brutales. Este tipo de comparaciones, según el Gobierno, no solo son inadecuadas sino que también deslegitiman la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia.

Además, el Gobierno argentino subraya el derecho de Israel a la legítima defensa, un principio reconocido por el Derecho Internacional y que Argentina apoya plenamente. La solicitud del Fiscal, según el comunicado, parece desconocer este derecho fundamental, poniendo en entredicho la capacidad de Israel para proteger a sus ciudadanos en el marco de las normas internacionales.

Argentina también ha criticado la omisión del Fiscal respecto al trabajo de los tribunales israelíes que están investigando los hechos en cuestión. Según el comunicado, el Fiscal no ha dado la debida oportunidad al sistema judicial local para llevar a cabo sus investigaciones con todas las garantías necesarias, lo que representa una falta de consideración por el debido proceso y la soberanía judicial de Israel.

Finalmente, el Gobierno argentino considera que la actitud del Fiscal de la CPI no contribuye a mejorar la situación en el conflicto entre Israel y Palestina. Por el contrario, la decisión agrega obstáculos a los esfuerzos internacionales para conseguir la liberación de los rehenes que aún se encuentran en manos de Hamás, la entrega de ayuda humanitaria y la búsqueda de una solución a largo plazo para la crisis.