En el marco de su plan de ajuste del Estado, el Gobierno nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV). Todas dependían de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y, según argumentaron desde el Ministerio de Desregulación, tenían "funciones duplicadas, estructuras sobredimensionadas y altos costos".

Las tareas que realizaban estos organismos serán redistribuidas entre el Ministerio de Economía, Gendarmería Nacional y nuevas agencias creadas ad hoc, como parte de un proceso de simplificación y descentralización.

El objetivo es avanzar en una lógica de mayor participación del sector privado a través de esquemas de concesión de obras públicas y control de servicios de transporte.

La nueva Agencia de Control de Concesiones y Transporte

Uno de los pilares del nuevo esquema es la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplaza a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Esta nueva entidad estará descentralizada bajo la Secretaría de Transporte y tendrá las siguientes funciones:

• Control y fiscalización de concesiones viales, ferroviarias y automotoras de jurisdicción nacional.

• Aplicación de sanciones y acciones legales ante incumplimientos.

• Recepción de denuncias y reclamos de usuarios.

• Recomendaciones técnicas y participación en investigaciones de accidentes ferroviarios.

Por otro lado, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) fue eliminada y reemplazada por la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que se dedicará exclusivamente al transporte aéreo civil, en línea con estándares de la OACI.

Qué pasará con Vialidad Nacional y Seguridad Vial

Las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad se dividirán entre la nueva Agencia de Control, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas. Según el Gobierno, de los 5.184 agentes que tenía Vialidad, solo el 33% realizaba tareas operativas, mientras que el resto ocupaba funciones administrativas o jerárquicas, lo que evidencia -según el Ejecutivo- un sobredimensionamiento de personal.

Esta disolución, aseguran, permitirá ahorrar cerca de 100 millones de dólares al año.

En cuanto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Transporte y Gendarmería Nacional. La Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial también fue absorbida por la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Por último, las funciones de la Junta de Seguridad en el Transporte sobre siniestros automotores pasarán a la Secretaría de Transporte, mientras que las ferroviarias serán responsabilidad de la nueva agencia.