A más de 13 años de su sanción a nivel nacional, Tucumán podría dar un paso histórico en el reconocimiento de los derechos humanos. La diputada del Partido Justicialista, Sara Assan, presentó un proyecto de Resolución para que la provincia adhiera plenamente a la Ley Nacional N° 26.743 de "Derecho a la Identidad de Género", promulgada en mayo de 2012.

La iniciativa retoma los principios fundamentales de la normativa, centrados en reconocer la identidad de género de cada persona, garantizar su libre desarrollo conforme a su identidad autopercibida y ser tratada e identificada en todos los instrumentos oficiales sin necesidad de requisitos judiciales ni médicos.

Implementación y coordinación institucional

El proyecto invita al Poder Ejecutivo a dictar normas reglamentarias y adoptar las medidas administrativas necesarias para la efectiva adhesión, coordinando acciones con municipios, comunas rurales y organismos competentes.

Hasta el momento, varias provincias ya sancionaron normativas de adhesión o reglamentación específica a la Ley 26.743, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes y Misiones.

Avance hacia la inclusión y la igualdad

Assan destacó la relevancia de la ley y la necesidad de un compromiso institucional de Tucumán. Según la parlamentaria, "la Ley Nacional N° 26.743 constituye un hito en el reconocimiento y protección de los derechos humanos vinculados a la identidad de género en la Argentina".

La adhesión provincial representaría un acto de compromiso con los principios de igualdad, libertad y no discriminación, en consonancia con la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución provincial. Además, se enfatiza la naturaleza desjudicializada de la ley, que permite que las personas sean reconocidas conforme a su identidad de género autopercibida, sin requisitos que limiten sus derechos.

Finalmente, el proyecto subraya la importancia de armonizar las políticas públicas provinciales con el marco legal nacional, garantizando su aplicación efectiva en áreas como salud, educación, administración pública y acceso a la documentación personal.