Burlando confirmó que los jugadores lo llamaron para negociar un acuerdo económico

En una emisión especial de El Avispero por Enterate Play, el abogado Fernando Burlando sorprendió al revelar un dato clave en la causa por abuso sexual que involucra a futbolistas de Vélez Sarsfield.

Según afirmó, los jugadores se comunicaron directamente con él para avanzar en un acuerdo económico, un movimiento que reconfigura el escenario del caso y que, de confirmarse, podría tener impacto en la estrategia judicial.

"Me da mucha pena por la gente de Tucumán", expresó Burlando al referirse no solo al avance de la causa, sino también al clima judicial local. El abogado explicó que recibió mensajes de integrantes del plantel profesional luego de que trascendieran novedades del expediente, lo que abre interrogantes sobre el rumbo que buscan los acusados en medio de una investigación que sigue bajo la lupa pública.

El caso se originó el pasado 6 de marzo, cuando una joven denunció haber sido abusada sexualmente en la habitación 407 del Hotel Hilton de Tucumán por cuatro jugadores:  José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa. Según el relato, la mujer se sintió "muy mareada", "como adormecida", y aseguró que los futbolistas abusaron de ella sin consentimiento.

La censura previa en Tucumán: preocupación por el fallo que limita la cobertura periodística

El testimonio de Burlando ocurrió en un contexto tenso para la prensa tucumana. En la misma emisión, el abogado Martín Leguizamón advirtió que la medida cautelar impuesta por el juez subrogante Lucas Taboada, que prohíbe a medios y periodistas criticar a fiscales y jueces, constituye un acto de censura previa sin precedentes.

"Quiero soñar que el Tribunal Superior va a revocar esto", dijo Leguizamón en El Avispero, señalando que la cautelar fue presentada por el jefe de los fiscales, Edmundo Jesús Jiménez, quien denunció una supuesta "campaña de hostigamiento" en su contra.

El fallo generó rechazo en organizaciones de prensa, abogados y especialistas en libertad de expresión, que advierten que la justicia provincial está avanzando sobre un derecho constitucional básico: la posibilidad de informar y criticar a funcionarios públicos.

Mientras crece la polémica por la censura a medios y al mismo tiempo avanza una causa de alto impacto como la de Vélez, las declaraciones de Burlando introducen un elemento nuevo en la escena judicial: los acusados estarían buscando cerrar un acuerdo económico fuera de los tribunales.